Ampliará Congreso delitos sancionables con prisión preventiva oficiosa
MORELIA , Mich., 14 de marzo de 2019.- El Congreso del Estado dará su aval a la reforma constitucional para ampliar los delitos que se castigan con prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el dictamen a favor elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esos delitos son el feminicidio, la desaparición forzada, el robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y los delitos cometidos por medios violentos con armas y explosivos del Ejército, la Armada y La Fuerza Aérea.
Se indica en el dictamen que la prisión preventiva oficiosa, fue utiliza de manera desmedida, frecuente y excesiva, causando con ello un problema social mayúsculo, llevando a cientos de personas a procesos largos, costosos y enredosos, lo que motivó que en 2008 se hicieran diversas reformas para regular el sistema procesal penal acusatorio y aplicar diversas modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública.
Actualmente la prisión preventiva oficiosa de da en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
En este sentido, la prisión preventiva oficiosa se considera de carácter excepcional, proporcional y necesaria, garantizando la presencia del imputado y evitando intromisiones a la investigación con las cual se ponga en riego a la víctima.
Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales comparten la postura de que el catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa debe ampliarse para que esa medida cautelar corresponda a la realidad social y se pueda garantizar la eficacia de impartición de justicia.
