De 2005 a la fecha han asesinado en Michoacán a 4 alcaldes
MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017. - A pesar de que se pensó que el fantasma de la violencia contra munícipes de la entidad había quedado en el olvido con la entrada de la Estrategia Federal, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2014; y el arribo del Gobierno de Silvano Aureoles a Michoacán, hoy, los 113 municipales avisoraron una nueva realidad, tras el asesinato de Stalin Sánchez González.
Y es que luego del sangriento suceso registrado la mañana de este viernes en el municipio indígena de Paracho, en Michoacán se enciende la alerta por el asesinato de un cuarto alcalde en funciones, desde 2005 a la fecha.
Han transcurrido ya cuatro años desde la muerte del último alcalde, Ygnacio López Mendoza: el edil de Santa Ana Maya fue torturado y después asesinado en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, ayuntamiento colindante con Michoacán.
El desaparecido López Mendoza un mes antes de su muerte había denunciado públicamente amenazas del crimen organizado y había protagonizado una huelga de hambre frente al Senado de la República para exigir mayores recursos para su municipio.
Pero el caso de extinto alcalde petista no fue el primero. A López Mendoza le antecedió ese mismo año la muerte del alcalde interino de Nahuatzen, Wilfrido Flores Villa, en un restaurante de Pátzcuaro; además de los asesinatos del presidente panista de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, y el de Fernando Chávez López, edil de Buenavista Tomatlan en julio de 2005.
En la actual administración, los funcionarios públicos municipales han sido blanco de la delincuencia en más de una ocasión. El director de Aseo Público de Múgica, José Luis Torres Calderon, fue ultimado a tiros en enero de este año; el síndico municipal de Ario de Rosales fue asesinado en agosto; y al tesorero de Lázaro Cárdenas, Walter Torres Zaragoza, lo mataron en octubre de 2016.
A los funcionarios de la administración público municipal ya enlistados habría que añadir los mandos policiales de Tiquicheo, Ziracuaretiro, Sahuayo, Múgica, Ecuadureo y Aguililla, además de policías razos en Villamar, militares en Lázaro Cárdenas, elementos de la Procuraduría General de la República y Procuraduría de Michoacán y de la Policía Federal.
Luego de la aprehensión del edil en funciones de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, por su presunta participación en un asesinato múltiple, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se dirigió a todos los alcaldes y les dijo se alejasen de las tentaciones del crimen organizado, cuyo punto fue el acceso a la co gobernanza en Michoacán, y sentenció que aquellos que se les comprueben relaciones con grupos delictivos serían sujetos de la ley, palabra que cumplió con la aprehensión del alcalde de Jungapeo por su presunta participación en el secuestros y asesinato de un empresario y su hija.
Hace unos días el mandatario también manifestó que en el marco del blindaje electoral se pondría a revisión la posible reelección de aquellos alcaldes en cuyos municipios se encuentre la presencia de grupos armados, quienes serán sujetos de escrutinio por parte del Cisen, Marina, Sedena, PGR y órganos electorales.
Este jueves, después de la muerte de Stalin Sánchez González, la oferta fue puesta sobre la mesa. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, llamó a los alcaldes a denunciar cualquier tipo de presión por parte de personas o del crimen organizado.