Trabaja ASM en auditorías de fiscalización ordenadas por el Congreso
MORELIA, Mich., 24 de marzo de 2023.- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya está cumpliendo con todas sus funciones y están en curso las auditorías ordenadas por el Congreso del Estado en el Plan de Fiscalización, afirmó su titular, Miguel Ángel Aguirre.
Luego de la publicación de los lineamientos para la transferencia de recursos de parte del Congreso del Estado, dijo que el tema financiero se regularizó y mensualmente está recibiendo entre 16 y 17 millones de pesos, dependiendo de lo programado en el calendario acordado.
Aunque en los lineamientos no se especificó la comprobación de los recursos que recibe, al causar recibo está obligado a hacerlo y cada peso que se gaste se va a comprobar.
Aunque el pleno del Congreso del Estado decidió retirar la autonomía financiera que se había otorgado al órgano técnico de fiscalización, fue hasta el 14 de marzo cuando se publicaron los lineamientos y no fue por buena voluntad de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sino porque uno de los trabajadores ganó un amparo y el Poder Judicial de la Federación le ordenó al Congreso transferir los recursos etiquetados en el presupuesto.
Dicho amparo, del que no se conocían detalles, fue solicitado por un trabajador por el derecho humano a recibir el pago de su trabajo y como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está dado de alta el Registro Federal de Causantes de la ASM como patrón, se empezaron a entregar los recursos que fueron suspendidos durante enero, febrero y la primera quincena de marzo.
Sobre la controversia constitucional que presentó en ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fue desechada por no reconocer a la ASM la autonomía total, pero sí la autonomía presupuestal, dijo que el resolutivo fue impugnado ante el pleno de la Corte y están a la espera de que se fije fecha para el resolutivo.
Aguirre señaló que lo espera que la SCJN resuelva es la autonomía total de las auditorías estatales para que, como órganos fiscalizadores, puedan decidir qué entes auditan y no tengan que depender de eventos políticos como está sucediendo en Michoacán.
