Suman 3 iniciativas en Congreso de Michoacán para frenar narcocorridos
MORELIA, Mich., 13 de abril de 2025.- El Congreso de Michoacán acumula ya tres iniciativas legislativas que buscan prohibir o regular contenidos musicales que promueven la figura del delincuente, la narcocultura y la apología del delito, particularmente los llamados narcocorridos.
En medio de la situación de violencia que aqueja en diversas regiones del país, y tras el hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco, así como la proyección de líderes del narco en eventos masivos, ha sido notorio el interés de los poderes Ejecutivo y Legislativo por poner un freno a los eventos apologéticos.
Las propuestas han sido presentadas por los legisladores Octavio Ocampo Córdova, Eréndira Isauro Hernández y Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quienes han coincididos en la necesidad de establecer límites legales a la difusión de mensajes que, bajo la protección del derecho a la libertad de expresión, han contribuido a la normalización del crimen organizado y de los actos violentos que lo acompañan.
La primera de las iniciativas fue presentada por el diputado del PRD Octavio Ocampo en febrero pasado, en la que propone sanciones de hasta 180 jornadas de trabajo comunitario para quien promueva o incite al delito o al consumo de drogas a través de cualquier medio, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y expresiones artísticas.
Por su parte, la diputada morenista Eréndira Isauro Hernández impulsa una reforma para restringir la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, al argumentar que, si bien no se puede vulnerar la libertad de expresión, es responsabilidad del Estado intervenir cuando se reproducen narrativas que fortalecen la cultura del crimen.
A esta postura se sumó el pasado jueves la iniciativa del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien plantea sanciones de seis meses a tres años de prisión por apología del delito en espectáculos y redes sociales, y propone facultar a las corporaciones de seguridad para disolver actos públicos en los que se incurra en esta conducta.
Este domingo, la Secretaría de Gobierno del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, anunció que presentará también una iniciativa para prohibir todo tipo de espectáculo donde se haga apología del delito, no sólo en el ámbito musical, sino también en actividades como peleas de gallos, si éstas son utilizadas para alentar actividades ilícitas.
El tema ha cobrado fuerza a nivel nacional. Hasta ahora, los estados de Nayarit, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro y Guanajuato ya han implementado medidas para prohibir conciertos o expresiones que hagan apología del delito.
En días recientes, el gobierno de Jalisco presentó también una iniciativa para avanzar en esta misma dirección. En Chihuahua, el cantante Natanael Cano tuvo que pagar más de un millón de pesos en multas por cantar narcocorridos, en un caso que marcó un precedente sobre las consecuencias legales de difundir este tipo de contenidos donde está prohibido.
Uno de los episodios que más indignación generó recientemente ocurrió durante un concierto del grupo Los Alegres del Barranco, donde se proyectaron imágenes de “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes criminales del país.
La polémica escaló a nivel nacional, sin embargo, apenas dos días después, el mismo grupo repitió la proyección en un concierto realizado en Uruapan, Michoacán.
Este 12 de abril, el cantante Luis R. Conriquez fue blanco de agresiones y destrozos durante su presentación en la Feria del Caballo 2025. El incidente se desató luego de que el artista confirmó al público asistente que, tal como lo había anunciado en redes sociales, ya no interpretaría narcocorridos.
Su negativa a cantarlos provocó la furia del público, que desde las gradas arrojó vasos de cerveza, hielos, objetos diversos y terminó por dañar los instrumentos musicales mientras el cantante abandonaba el escenario para protegerse.
El debate jurídico que rodea estas propuestas se centra en la posible confrontación entre dos derechos fundamentales: por un lado, el derecho a la libertad de expresión, y por otro, el derecho de las juventudes a vivir en un entorno libre de violencia, así como la obligación del Estado de implementar políticas preventivas frente al fenómeno delictivo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conocido ya casos relacionados con esta tensión, y la ruta adoptada en algunos estados ha sido sancionar la apología del delito únicamente en contextos específicos como espectáculos públicos o actos masivos, bajo regulaciones locales y con base en medidas administrativas.
En Michoacán, el tema no es nuevo. En 2016, durante la 73 Legislatura, el Congreso del estado otorgó la presea “Constitución de 1824” al grupo musical Los Hermanos Jiménez, conocidos precisamente por interpretar corridos que exaltan a figuras del narcotráfico.
La entrega del reconocimiento generó entonces una ola de críticas por parte de organizaciones sociales que señalaron la contradicción de premiar con honores institucionales a quienes promueven una narrativa de violencia.
Hoy, con tres iniciativas formales en análisis y una cuarta anunciada por el Ejecutivo estatal, el Congreso de Michoacán se enfrenta a la posibilidad de legislar sobre un tema profundamente sensible y que podría generarles un costo político a los legisladores.
El asunto no sólo pone a prueba la eficacia del marco legal ante la violencia simbólica, sino también la capacidad del Estado para intervenir en los discursos que moldean la percepción social del crimen organizado.
