Solicitarán a la UIF informe de movimientos financieros del Auditor
MORELIA, Mich., 24 de mayo de 2023.- En medio del tema de la pretensión de juicio político contra el auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda surge la información respecto a la solicitud para que se detallen movimientos financieros del señalado.
De acuerdo con el documento de solicitud de juicio político en contra del funcionario estatal, se informó al Congreso de Michoacán se pidan los oficios a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a declaraciones fiscales y movimientos financieros, como depósitos, transferencias y adquisiciones que se hicieron a nombre del auditor.
En la información detallada se indica que se creó una presunta red de empresas con familiares y amigos y que mediante esta se habrían recibido beneficios económicos por un monto de más de 250 millones de pesos.
De igual manera se refiere que Patricia Orozco, quien fue su pareja desde el 8 de junio de 1995 hasta el 22 de febrero de 2023, es junto con Francisco Javier Fajardo López, socia de la empresa Maram Arquiconstrucciones, y de la cual Mayra Orozco Santoyo también estuvo asociada durante un tiempo.
En tanto, con el propio Abellaneda también es socia en la empresa Consultoría y Servicios Macguirre S.C, y socia inicial en Arquidemos Constructor con Mayra Orozco, cuyas acciones traspasaron a Silvia Trinidad Tapia García y Elsa Cecilia Tapia.
En la referida solicitud de juicio político se comenta que Miguel de Jesús Aguirre Orozco, hijo de Abellaneda y Patricia Orozco, es propietario de cuatro inmuebles y dueño de Alquigem SAS de VV, y que se acredita con la copia certificada de la constancia del Registro Público de la Propiedad.
En otra empresa, María Guadalupe Chávez es accionista de Arquidemos Constructor junto con Elsa Tapia y Silvia Trinidad Tapia, quien es auditoria especial de la ASM.
Francisco Javier López, es esposo de Mayra Orozco, sobrina de la exesposa del auditor, y accionista de Maram Arquiconstrucciones y de Inmobiliaria Geoterra.
La solicitud destaca entre sus peticiones que tras la revisión de las pruebas y constancias se tenga por comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia, se determine que existe responsabilidad del denunciado y finalmente se emita sanción de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
