Sesión donde se destituyó a Auditor no tiene validez: experto en derecho
MORELIA, Mich., 26 de mayo de 2023.- Las suspensiones provisionales de procedimientos dictadas por un juez, dentro de un juicio de amparo, tienen efecto a partir del momento en que se firma, haya sido o no notificada la autoridad correspondiente, afirmó el experto en derecho de amparo, Gumesindo García.
Por lo tanto, la sesión de la 75 Legislatura del Congreso del Estado en la se destituyó a Miguel Ángel Aguirre como auditor superior no tiene validez, ya que la suspensión provisional se dictó previo a la sesión, a la votación y a la aplicación de la sanción, indicó en consulta telefónica.
Explicó que el juez séptimo de distrito fue muy específico al ordenar que, sin suspender el procedimiento de remoción, se abstuviera de ejecutarlo hasta después de la audiencia incidental programada para el dos de junio, pero no se obedeció.
“En todas las suspensiones los jueces tienen una fórmula y prevén que, si la autoridad no quiere recibir la notificación, el actuario tiene fe pública para levantar una razón actuarial y certificar que estuvo en el lugar, el cual describe y que una persona que no se quiso identificar y no la quiso recibir porque ya no existe la obligación de que el actuario regrese, se notifica por instructivo, lo que quiere decir que surte efecto de inmediato”.
El doctor en derecho indicó que el hecho de que el Congreso haya hecho lo que se le ordenó no hacer no suspende la medida cautelar y de oficio o a petición del demandante se puede solicitar el incidente de incumplimiento de suspensión, lo cual puede demorar de dos o tres semanas, pero no implica que juez no pueda continuar con el procedimiento de la suspensión.
La autoridad, en caso el Congreso del Estado, tiene que rendir un informe, dentro de 48 horas a partir de la notificación, para probar que cumplió el mandato judicial, pero como no se hizo el juez puede retrotraer el asunto y obligar al Congreso a que deje sin efecto lo que hizo, de acuerdo con las reglas de la suspensión provisional.
García insistió en que el Poder Legislativo incurrió en una violación al desobedecer el mandato del juez y lo que procede es imponer una multa a todos los diputados, como medio de apremio, lo cual sencillamente se hace mediante una notificación al SAT para que un actuario pueda obtener el RFC y dar inicio a un procedimiento administrativo de ejecución en contra del Congreso.
