Rescatan diputados 40 mdp del presupuesto 2022 del Congreso
MORELIA, Mich., 7 de abril de 2022.- Una bolsa de 40 millones de pesos es la que se rescató durante la encerrona de los diputados de la 75 Legislatura del Congreso del Estado, la cual se formó con varias partidas presupuestales que no estaban plenamente justificadas y de las que se desconoce el destino que tenían esos recursos.
En consecuencia, podría haber hasta denuncias penales por el mal uso de los recursos públicos por parte de algunos diputados y servidores públicos del Poder Legislativo, coincidieron legisladores de los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, luego de la encerrona de más de 12 horas en el hotel Holiday Inn, el pasado miércoles.
Aunque no se alcanzó a revisar el capítulo mil, relativo a la plantilla de personal, ni se aclaró totalmente lo del software de más de 5 millones de pesos que se adquirió en diciembre y muchos otros actos que ocurrieron el último mes del 2021, coincidieron en que la reunión fue histórica ya que, por primera vez, los 40 diputados conocieron de manera directa la información financiera.
Aceptaron que una reunión privada, en la que los diputados prácticamente estuvieron incomunicados porque no se les permitió el uso de teléfonos celulares, tabletas o videograbadoras, no es la mejor forma de presumir que son transparentes y rinden cuentas y que, así como ellos argumentaron tener derecho a conocer los pormenores del manejo de los recursos, la sociedad también lo tiene, pero será una vez que hayan concluido la revisión cuando se dará a conocer públicamente la información.
Juan Carlos Barragán del partido Morena explicó que la bolsa de 40 millones de pesos se formó con partidas de los capítulos 2 mil y 3 mil que no tenían claridad en su destino y los recursos se canalizarán a la rehabilitación de La Casona, acción que no estaba contemplada en el presupuesto, pero que de acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es urgente atender.
Se hicieron disminuciones a partidas como la de gasolina, viáticos y gastos de representación y se eliminaron otras como la de apoyos a instituciones sin fines de lucro y se dejaron sólo las que tienen que ver con la operatividad del Congreso, de los grupos parlamentarios, de las comisiones dictaminadoras, así como la relacionada con medios de comunicación para reforzar la propaganda institucional y de los diputados en sus regiones porque Michoacán no solo es Morelia.
En este tema abundó la diputada del PRI, Daniela de los Santos, quien dio a conocer que, al Comité de Comunicación Social, que preside, llegaron 130 nuevas solicitudes de convenios institucionales y van a incorporarse alrededor de 60, lo cual implica un aumento en el presupuesto de 21 a 36 millones de pesos, el cual saldrá de esa bolsa recién formada, así como para los convenios de cada uno de los diputados en sus distritos, como siempre se ha hecho.
Andrea Villanueva del PAN, señaló que entre lo que faltó revisar fue la nómina, pero ya se entregó a los grupos parlamentarios para iniciar la revisión y determinar quienes sí están desquitando el salario porque detectaron que hay personas que estaban adscritas a diputados hace 10 y hasta 15 años que siguen cobrando, pero sin trabajar.
Faltó también clarificar qué pasó con la adquisición del software de más de 5 millones de pesos y del que nadie sabía ya que, por el monto, se debió hacer una licitación pública, pero se está investigando quién dio la orden o si fue una decisión personal del exsecretario de Administración y Finanzas Mario Alberto Villegas, porque sí se adquirió y se está utilizando.
Al respecto, la diputada del PRD y presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Mónica Valdez, dijo que no están buscando culpables de los malos manejos que pudo haber, menos van contra personas específicas y todavía tienen que revisar toda la documentación comprobatoria de ciertos rubros.
Como Comité dijo que también ya solicitaron que les muestren todos los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para poder determinar responsabilidades ya que algunos de los integrantes de ese órgano directivo también protestaron por decisiones en las que no solo no participaron, sino que hasta desconocían.
A fin de cuentas, de lo que se trata es de remediar un mal y que ya no se repita y no adelantar juicios en contra del exsecretario de Administración y Finanzas o contra todos los integrantes de la Jucopo, indicó la diputada.