Reforma judicial en Michoacán, un caos en construcción: especialistas
MORELIA, Mich., 23 de octubre de 2024.- En la propuesta de reforma al Poder Judicial de Michoacán se identificaron diversas inconsistencias que podrían afectar la operatividad y la coherencia del sistema judicial en la entidad, advirtieron especialistas.
A través de un análisis, Pedro Ramírez Martínez y Jesús Sierra Arias señalaron puntos críticos relacionados con la competencia, la estructura de órganos disciplinarios, los procedimientos electorales para juzgadores, y la administración de recursos del Poder Judicial.
Uno de los principales señalamientos se enfoca en la falta de claridad sobre la competencia entre el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración para la separación o destitución de servidores públicos.
Ramírez Martínez y Sierra Arias advierten que ambos órganos tienen atribuciones similares, lo que contraviene principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, al delegar funciones acusatorias y resolutorias a una misma instancia. Esto, además, pone en duda el respeto al principio acusatorio propio del sistema penal.
Otra inconsistencia relevante es la falta de definición en los criterios para evaluar a los juzgadores durante su primer año de ejercicio, ya que se deja a la ley la determinación de métodos e indicadores, sin base constitucional que los respalde.
De acuerdo con el especialista en derecho administrativo, las medidas disciplinarias también resultan cuestionables, al prever sanciones como la capacitación obligatoria, suspensión o destitución, sin considerar la gravedad de las circunstancias.
El documento destaca que la reforma genera ambigüedades en la integración del Órgano de Administración, ya que no asegura la participación de magistrados o jueces en su conformación, lo cual desvincularía la administración de recursos de las necesidades reales del Poder Judicial.
Además, Ramírez Martínez y Sierra Arias señalan la falta de coordinación en los informes anuales entre este órgano y el Supremo Tribunal, lo que podría redundar en una administración fragmentada.
Otro punto preocupante es la complejidad del proceso electoral para la selección de magistrados y jueces. La división territorial planteada para las elecciones, así como la falta de financiamiento, podrían limitar la participación equitativa de candidatos y dificultar la información al electorado.
También se advierte que las boletas electorales podrían ser confusas por el número de contendientes, afectando la emisión del voto libre e informado.
Asimismo, se advierte que la reforma permite que candidatos con promedios académicos dispares sean postulados, lo que contraviene la Constitución General.
Por otro lado, el plazo de seis meses para la emisión de sentencias en materia penal resulta incompatible con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Federal, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de justicia.
Finalmente, el análisis de Ramírez Martínez y Sierra Arias sugiere que los problemas identificados no pretenden invalidar la reforma, sino evidenciar áreas de mejora normativa.
Los especialistas señalan que la falta de precisión en estas disposiciones podría generar confusiones competenciales y operativas que impactarían negativamente en la impartición de justicia en Michoacán.
La mañana de este miércoles las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Electorales de la 76 Legislatura aprobaron el dictamen de reforma constitucional judicial; será este jueves cuando se dé la segunda lectura ante el Pleno y sea sometido a votación.
