Reforma judicial, destrucción del sistema de derechos humanos: Magistrada

MORELIA, Mich., 19 de julio de 2024.- Lo que está en juego con la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador es un nuevo modelo de justicia, que, desde su punto de vista, iría en desmedro de los derechos humanos, puesto que subyugaría a los juzgadores, quienes perderán absoluta independencia.

En entrevista con Quadratín, Mayra González Solís, magistrada adscrita al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con Residencia en Mérida, Yucatán, advirtió que el asunto va mucho más allá de la elección por voto popular, pero que esto es el punto de partida para el debilitamiento de la República.

La jurista cuestionó que la pretendida reforma se limite a cambios en la organización del Poder Judicial, que representa un porcentaje muy mínimo en el amplísimo sistema de justicia, compuesto no sólo de la decisión de los jueces, sino del trabajo de las fiscalías, de la abogacía e incluso desde cómo se enseña el derecho en las universidades.

“Estamos hablando del despido masivo de jueces y juzgadoras, eso implica la destrucción del Poder Judicial de la Federación como lo hemos estructurado, porque somos las personas juzgadoras quienes interpretamos las normas nacionales e internacionales, y a través de nuestras sentencias hemos construido un sistema de protección a los derechos y de garantía judicial”, comentó la Magistrada.

A decir de González Solís, en términos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los jueces constitucionales son considerados defensores de derechos humanos (matiz que ignora la mayoría de las personas), por lo cual tienen garantías reforzadas, lo que implica que deben estar protegidos, de modo que la reforma en el fondo plantea un despido masivo de defensores de derechos humanos.

Además, en términos de los tratados internacionales firmados por México, la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han determinado que todos los jueces deben ser considerados jueces de la Convención Americana de Derechos Humanos, y al pretender desaparecer a mil 600 juzgadores se lesionarán los compromisos con la ONU, y a nivel interamericano con la Organización de Estados Americanos (OEA).

La reforma judicial de AMLO a la luz internacional

En opinión de la magistrada Mayra González Solís, la reforma judicial de AMLO vista a la luz de otras naciones resulta retrógrada. Refirió que, en el caso de Bolivia, que ha querido ponerse de ejemplo, ha resultado en un fracaso y en una cooptación del derecho, pues se ha llegado a ver la compra de lugares y otras perversiones en los procesos electorales.

“Ha dado muy malos resultados por varias razones: a la gente no le interesa, no acude a votar; además, ha habido impugnaciones porque los jueces que no quedan conformes interponen recursos jurídicos, entonces hay vacantes que no se cubren y esto genera un atraso en la impartición de justicia; encima, politización de los puestos, y ha habido escándalos por una perversión del sistema”, comentó.

Agregó que, en el caso de Estados Unidos, algunos estados eligen a sus juzgadores mediante voto popular, lo cual, a su parecer no es conveniente, porque los jueces candidatos reciben financiamiento para sus campañas, y al querer reelegirse tienen que atender las peticiones de quienes les financiaron, lo cual mina la independencia judicial.

Apresuran ruta legislativa: habrá reforma judicial en septiembre

A pesar de la demanda de ministros, magistrados, jueces, especialistas y de partidos de oposición, de evitar una reforma apresurada al Poder Judicial, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se preparan para discutir y votar el dictamen en comisión a finales de agosto.