Rechaza Ejecutivo reforma a Ley de Desarrollo Rural por inconstitucional
MORELIA, Mich., 21 de octubre de 2019.- El Ejecutivo estatal rechazó promulgar reformas a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable que pretendía facultar a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) como una autoridad concurrente en la aplicación de dicha ley.
El pasado 21 de agosto, el pleno de la 74 Legislatura aprobó las reformas propuestas por el diputado de Morena, Francisco Cedillo de Jesús, y suscrita por el petista, Salvador Arvizu, para que fuera la ASM la que garantice la inclusión, representación y participación en los Consejos Municipales y Regionales de Desarrollo Rural, de los representantes de las organizaciones de productores, organizaciones sociales, asociaciones civiles, cadenas productivas e Instituciones científicas y educativas.
“Se pretenden generar acciones sistematizadas que fortalezcan y racionalicen el eficaz uso, manejo y destino de los recursos dentro de un contexto para el desarrollo sustentable; basadas en los principios democráticos participativos, promoviendo una cultura de planeación estratégica auditada, que salvaguarden de manera integral todos los recursos materiales y económicos inherentes a la responsabilidad y al interés del Estado.
Sin embargo, el Ejecutivo consideró que el decreto es inconstitucional porque invade competencias administrativas del Ejecutivo y se vulnera la sana división de poderes que debe prevalecer en un sistema republicano y democrático
En su argumentación para devolver el decreto al Congreso del Estado señala que al establecer a la ASM como autoridad concurrente, poniéndola al nivel de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y de los organismos autónomos, se transgrede la Constitución porque la ASM es un órgano técnico del Congreso del Estado, no del Ejecutivo.
“El Congreso del Estado se asume en un Poder Ejecutivo que ordena la organización de las dependencias a mi cargo, respecto a acciones específicas como darle a la ASM el carácter de autoridad concurrente y poder intervenir en los fondos de inversión, planes, programas y proyectos de mejora referente al desarrollo rural integral Sustentable invadiendo con ello las funcione constitucionales y legales del Poder Ejecutivo a mi cargo, así como de los gobiernos municipales”, se indica en el documento.
