MORELIA, Mich., 25 de enero de 2023.- El Congreso del Estado está provocando la caída legal de los procedimientos de la Auditoría Superior de Michoacán al dejarla sin recursos para operar, afirmó el titular del órgano técnico de fiscalización, Miguel Ángel Aguirre.

Indicó que desde la semana pasada debieron iniciar la notificación de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2020-2021, pero no lo han hecho porque carecen de recursos para viáticos, ya que tienen que acudir a todos los municipios, lo cual ya fue notificado a la Comisión Inspectora.

La ley establece plazos que se deben respetar y que no se van a poder cumplir, por lo que se tendrá que autorizar una prórroga para las notificaciones, que si no se hacen, se violenta el debido proceso y se caen los procedimientos

La renta de los edificios, que se arriendan por 180 mil pesos mensuales, se adeuda y ya se agotaron recursos materiales como papel para sacar los cinco juegos de fotocopias que se requieren al pasar de investigación a substanciación.

A la fecha, sigue sin cubrirse el salario correspondiente a la primera quincena de enero de todos los trabajadores y ya está cerca la segunda sin que se clarifique quién y cómo se les va a cubrir sus salarios devengados.

En rueda de prensa, indicó que el Congreso del Estado únicamente le ha transferido cuatro millones de pesos, los cuales no alcanzan ni para pagar la nómina, porque es de siete millones de pesos mensuales.

En el recuento de los daños ocasionados, dijo que ya presentó denuncia ante la Secretaría de la Contraloría por incumplimiento de contrato de la Secretaría de Seguridad Pública, que el 13 de enero retiró a 10 elementos de la Policía Auxiliar, a sabiendas de que la importancia de los documentos que resguardan y del equipo de cómputo con que cuenta la institución.

Al afectar a la ASM las decisiones del pleno de la 75 Legislatura se atenta contra las disposiciones Constitucionales, razón por la que ya está analizando presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Consideró que la decisión de retirar la Unidad Programática Presupuestaria y dejar sin recursos a la institución a su cargo se hizo política en el momento en que se decidió que la Junta de Coordinación Política sea la que decida cómo se van a administrar los recursos a la Auditoría.