Proponen Ley de Delitos Electorales en pro de mujeres e indígenas
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MORELIA, Mich., 5 de julio de 2022.- Una Ley de Delitos Electorales que establece sanciones privativas de la libertad para quienes ejerzan violencia política en contra de las mujeres, obstaculicen el proceso de las comunidades indígenas para el autogobierno o el de revocación de mandato, propone la diputada Eréndira Isauro.
La presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del estado propone incluir estas conductas como delitos que se castigan con cárcel, además de armonizar los ya previstos en la ley general en la materia que no los prevé, pero que considera son necesarios.
La Ley general en materia de delitos electorales se reformó en 2021 y establece una pena mínima de un año y hasta seis años o más, cuando se ejerza violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuando se trate de mujeres indígenas, la pena aumenta hasta un tercio para quienes cometan violencia política en razón de género contra ellas.
Además de aterrizar esas sanciones en Michoacán, la diputada de Morena propone que cuando una autoridad, órgano administrativo o jurisdiccional electoral acredite, mediante sentencia o resolución firme, que se ejerció violencia política contra la mujer, correrá traslado de la misma y notificará a la Fiscalía, para que mediante sus atribuciones y competencia actúe conforme a derecho.
Plantea también sanción económica y prisión de un año a seis años a quienes utilicen bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, o sin ellos, ejerzan cualquier tipo de presión, coacción o intimidación para votar o abstenerse de votar en el procedimiento o desarrollo de la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas que tenga como objeto la obtención, administración o ejecución del presupuesto directo.
Se incluye la inducción o el traslado de ciudadanos que tengan por objeto participar en la misma, o cualquier otra modalidad que afecte, limite, impida u obstruya el desarrollo de la consulta conforme a los sistemas normativos internos, procedimientos y prácticas tradicionales.
Esta pena se duplicará cuando se haga uso indebido de la obtención, administración o ejecución del presupuesto directo, sin el consentimiento o aun y con él, de las comunidades o pueblos indígenas o de sus autoridades que sean o hayan sido reconocidas mediante sus sistemas normativos internos, procedimientos y prácticas tradicionales.
Si en esto participan servidores públicos o funcionarios electorales, las penas se aumenten en un tercio, para dotar de seguridad, certeza y transparencia sobre la obtención, administración o ejecución del presupuesto señalado.
También se contempla sanción económica para aquel funcionario electoral que niegue o suspenda sin causa justificada la consulta previa, libre e informada, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la ley; o que obstruya o impida el desarrollo normal de la consulta, divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la misma o altere sus resultados, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de sus funciones que tenga por objeto afectar la misma.
Los mismos escenarios se plantean para los procesos de revocación de mandato, aunque todavía no se aprueba en el estado.