Proponen crear registro para controlar la violencia escolar
MORELIA, Mich., 8 de octubre de 2019.- La creación de un Registro Estatal para el Control de la Violencia en el entorno Escolar, el cual será una compilación detallada de la incidencia de violencia en el entorno escolar en el Estado a cargo la Secretaría de Educación del Estado, propuso la diputada Adriana Hernández.
El Registro contendrá las estadísticas de los casos de violencia en el entorno escolar que tengan lugar en la entidad y que servirá como base para la elaboración de un informe anual, el cual contendrá, como mínimo, la información relativa a la incidencia de violencia en el entorno escolar por municipio, escuela y grado escolar; la vigilancia e implementación del Protocolo en las escuelas; la repercusión de la violencia en el entorno escolar en el sector salud y seguridad pública y se reservará aquella información que se considere de acceso restringido
Dicho registro se elaboraría a partir de una redefinición de la violencia escolar, la cual sería entendida como todos aquellos actos violentos de tipo físico, verbal, sexual, patrimonial y psicológico a través de los medios tecnológicos, que ocurren de modo reiterativo prologándose durante un periodo de tiempo y que tienen como intención causar daño, herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar.
Los principios rectores serían el interés superior del niño, el respeto a la dignidad humana, la cultura de paz, la prevención de la violencia, la no discriminación, la perspectiva de género, la cohesión comunitaria, la interdependencia, la integralidad, la resolución no violenta de conflictos, la coordinación interinstitucional, el pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad y el enfoque de derechos humanos.
La propuesta presentada ante el pleno de la 74 Legislatura pretende garantizar a las víctimas de violencia escolar el derecho a que se dicten medidas cautelares a recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades estatales competentes, con tratamiento psicológico y asesoría jurídica, gratuitos y expeditos.
La reparación del daño moral y, en su caso, al pago de daños y perjuicios; acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia; recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención, para proveer al ejercicio pleno de sus derechos también quedarían garantizados de aprobarse la reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar.
