Proponen consagrar derecho a divulgar omisiones de autoridades
MORELIA, Mich., 24 de mayo de 2021.- El derecho ciudadano a documentar y divulgar todo acto u omisión de autoridad quedaría consagrado en la Constitución Política del Estado de prosperar una iniciativa presentada al Congreso del Estado por un grupo de abogados.
Al hacer uso de su derecho a la iniciativa ciudadana, Carlos Escobedo, Carlos Iván Martínez y Claudia Oropeza y otra docena de abogados proponen adicionar un párrafo al artículo octavo de la Constitución Política del Estado que diría lo siguiente:
“Todo acto de autoridad que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones es público, con independencia del espacio físico en que se lleve a cabo. En consecuencia, todas las personas tienen el derecho de documentar el actuar o la omisión de las autoridades por cualquier medio disponible en todo lugar y momento. La ley reglamentaria reglamentará el ejercicio de este derecho”.
En su exposición de motivos los abogados señalan que es un hecho notorio que es una práctica común entre las autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno el impedir a los ciudadanos el documentar su actuar de la autoridad mediante la grabación de vídeos o de fotografías, normalmente mediante teléfonos celulares.
La negativa, argumentan, busca evitar que la actuación de la autoridad trascienda el conocimiento de la sociedad en general pues comúnmente la ciudadanía comparte esos materiales en las redes sociales, lugar donde el actuar de las autoridades es sujeto de escrutinio, discusión e incluso de censura y mofa, sobre todo cuando dichas actuaciones se realizan fuera del margen de la ley o violentan de manera notoria el derecho de las personas
En ocasiones, la negativa se acompaña del excesivo y desmedido uso de la fuerza, habiéndose presentado casos de violencia de las autoridades en contra de la ciudadanía por el solo hecho de documentar su actuación, agresiones que incluso han llegado a constituir conductas delictivas como abuso de autoridad, lesiones, daño a la propiedad, decomiso, destrucción de los medios de grabación y hasta homicidio, sobre todo cuando las autoridades forman parte de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
