Plantea PAN juzgar faltas administrativas en municipios de Michoacán
MORELIA, Mich., 22 de febrero de 2023.- El diputado Hugo Anaya Ávila, representante popular del Distrito I con cabecera en La Piedad, propuso la creación de juzgados cívicos en los municipios michoacanos, cuyos jueces tendrían facultades en materia administrativa, podrán arrestar a infractores por 36 horas e imponer multas y amonestaciones.
En sesión pública del Congreso de Michoacán, el legislador del PAN presentó este miércoles la iniciativa para crear la que se llamaría “ley de justicia cívica de Michoacán”, que emula el modelo de justicia que se implementa en Morelia.
El entramado normativo de esta propuesta contiene 96 artículos donde, desde una perspectiva preventiva, Anaya Ávila plantea la necesidad de “reeducación” ciudadana y policial en materia cívica.
En su propuesta, Hugo Anaya propone incluso los eventuales requisitos para la elección de jueces, defensores de oficio, policías procesales, titulares de área jurídica, trabajadores sociales, médicos y directivos administrativos que laborarían en los juzgados cívicos, y cede a las autoridades comunales la facultad de intervenir en caso de infractores indígenas.
En la norma, refiere que los posibles infractores podrán ser asegurados sólo cuando exista flagrancia, y presentado ante el juez cívico por probable falta administrativa, y que en todo momento deberán ser tratados con dignidad, respeto a su integridad y recibir atención médica en caso de requerirla.
Deben ser informados de sus derechos y del motivo por el que se le aseguró, no deberán ser incomunicados y el espacio donde se deberá contar “con condiciones mínimas” de higiene, seguridad y dignidad; si lo requieren deberán contar con un intérprete y podrán ser representados por un abogado o una persona de su confianza.
Se contará con un centro de resguardo y detención, acondicionado para el arresto de personas que incurran en faltas administrativas, pero no podrán permanecer por más de 36 horas; en este espacio también se recluirá temporalmente a personas presuntamente responsables de la comisión de un delito, pero deberán mantenerse en celdas separadas.
Ante infracciones contra la seguridad ciudadana, contra el entorno urbano o contra la tranquilidad de las personas, los jueces cívicos podrán imponer amonestaciones, trabajo comunitario u obligar a las sesiones de terapia que correspondan.
La iniciativa de Hugo Anaya fue turnada a las comisiones legislativas de Gobernación, de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, y de Justicia, del Congreso de Michoacán, para su estudio, análisis y dictamen que, en caso de aprobarse, establece que los ayuntamientos deberán recibir anualmente el presupuesto suficiente para poder crear los juzgados e implementar esta ley.
