Piden defender independencia de la justicia electoral
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de agosto de 2023.- Al participar en la mesa de trabajo “Los procesos electorales frente a las elecciones del 2024: Retos del INE y del TEPJF”, como parte del primer día de actividades de la “Semana Académica de la Escuela Judicial Electoral” (EJE), la magistrada Janine Otálora afirmó que la defensa de la independencia de la justicia electoral y de la autonomía de las autoridades administrativas es un gran desafío en el proceso electoral 2023-2024, las cuales son el pilar fundamental de la democracia, garantizan la imparcialidad, integridad de dicho proceso y la fidelidad en los resultados electorales.
A través de un comunicado de prensa, en ese sentido, aseguró que es indispensable encontrar mecanismos para fomentar un diálogo constructivo y una manera para que pueda fluir cierta comprensión entre los diversos sectores de la sociedad, además de reforzar el reconocimiento de todas las autoridades electorales, no solo por parte de la sociedad, sino también de todas y todos los actores políticos, puntualizó.
Para lograrlo, consideró que una de las herramientas es promover los valores ligados a la democracia, como son la tolerancia, el respeto, el diálogo, la fraternidad y la neutralidad. En este sentido, señaló, es indispensable que actoras y actores políticos respeten la norma electoral y a las instituciones electorales.
Al hablar sobre la integridad electoral, la magistrada Janine Otálora destacó la importancia de que las y los actores políticos sigan las reglas establecidas y honren los valores democráticos, ya que este postulado ético empieza con un actuar íntegro de manera cotidiana. Este reto, sostuvo, se vuelve importante en un contexto de creciente digitalización, donde el empleo de la tecnología y de todas las plataformas de redes sociales plantea nuevas circunstancias.
Tras señalar que los tribunales electorales son quienes tienen que darle a la ciudadanía la certeza de que su voto será respetado, indicó que otro reto frente al proceso electoral de 2024 es la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad y del cumplimiento del principio de paridad. En este contexto, dijo que en la calificación de las elecciones tiene que regir una perspectiva de género e intercultural para poder decir que se está logrando realmente una democracia de calidad, por lo que las acciones afirmativas son un bien jurídico que les pertenecen a los grupos en situación de vulnerabilidad.
En cuanto al tema de la observación electoral se congratuló de que haya proyectos de observación electoral y que, a su vez, este acompañamiento y vigilancia va a fortalecer la democracia.
Por su parte, la exconsejera del INE, Adriana Favela Herrera, planteó que algunos de los retos más importantes de todas las instituciones electorales de cara al 2024 es lograr una mayor participación ciudadana en los comicios, la reducción de los presupuestos que solicitan, las campañas de desprestigio que tiene que enfrentar, asegurar el cumplimiento de las sentencias que se emitan, así como los efectos que tendrán las etapas de posicionamiento político-electoral en la etapa de los procesos internos de selección de candidaturas.
Durante su intervención, el encargado de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, Hugo Patlán Matehuala, en representación de la consejera presidenta de ese Instituto, Guadalupe Taddei, dijo que uno de los grandes retos de las instituciones electorales es garantizar los derechos político-electorales, de igual forma la organización del proceso electoral en rubros como el modelo de comunicación política y fiscalización.
Previo, se llevó a cabo la mesa “Redes sociales, amenazas digitales y campañas electorales”, donde participaron Tamara Álvarez Robles y Rafael Rubio Núñez, catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid; Saúl López Noriega, profesor investigar del Tecnológico de Monterrey, y Clicerio Coello Garcés, del TEPJF, quienes señalaron que la instrumentación de estos recursos implica una serie de retos respecto al futuro de la democracia y de los procesos electorales, por lo que es necesario fortalecer a los organismos electorales y contar con un marco normativo adecuado ante el desafío que puede representar el uso de las tecnologías en esta materia.
