Niegan amparo a ex tesorero de Jara; deberá pagar multa de 58 mdp
MORELIA, Mich., 12 de agosto de 2020.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito negó el amparo solicitado por el es secretario de Finanzas y Administración Miguel López Miranda quien tendrá que pagar una multa de 58 millones de pesos que le impuso la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado.
El ex tesorero durante la administración de Salvador Jara Guerrero perdió recurso tras recurso que presentó en contra de la resolución administrativa de fecha 17 de enero de 2017 dictada por la Secretaria de Contraloría dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades que también le impone la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
De acuerdo con el ex funcionario estatal esa sanción económica por 58 millones 278 mil 427 pesos equivale a dos tantos del daño causado al erario del Estado, por no haber transferido oportunamente recursos a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.
Ese monto incluye los intereses, actualizaciones y recargos generados por no realizar esas transferencias, lo que generó un saldo vencido de la suma correspondiente a 388 millones 304 mil 116 pesos.
En su defensa, López Miranda sostuvo que si en el caso la cantidad de 29 millones 139 mil 213 pesos, corresponde a intereses generados durante el periodo de la primera quincena de enero a la segunda quincena de septiembre de dos mil quince, la cual se fundó en el artículo 22 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, vigente en esa época, el cual no contemplaba el pago de intereses, entonces, en realidad no se le generó ningún daño al erario estatal y por ende, ninguna conducta se le debe atribuir y por ende, la nulidad debió ser lisa y llana y no para efectos.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa y el tribunal colegiado consideran que sí tuvo responsabilidad y debe pagar la multa por lo que el asunto queda concluido y la Secretaría de la Contraloría deberá ejecutar la sentencia.
