Manda Ejecutivo iniciativa para extinguir consejo implementador del NSJP

MORELIA, Mich., 15 de junio de 2017.- El gobernador Silvano Aureoles Conejo envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para la extinción del Consejo de coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal, por haber cumplido con su objeto y para evitar duplicidad de funciones o actuaciones con otra instancia.

En la iniciativa se argumenta que el mandato de crear ese organismo se ha cumplido en tiempo y forma, toda vez que a las cero horas del 18 de junio de 2016, el sistema penal acusatorio entró en vigor en todo el país, por lo que el Consejo cumplió su encomienda al haber concluido la fase de implementación, entregándolo en condiciones óptimas de funcionamiento en infraestructura y con los operadores mínimos indispensables para iniciar con carga cero esta responsabilidad.
Se señala que los tres poderes del Estado, deben ahora, de forma coordinada, dar seguimiento en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones al sistema penal vigente, para consolidarlo eficientemente en favor del estado democrático y del ciudadano.
Para ello cada uno de los poderes deberá establecer una unidad de seguimiento y conforme a sus presupuestos, priorizando un uso eficiente de su gasto público; manteniendo una estrecha coordinación entre ellas de forma permanente para realizar un intercambio de experiencias en sus respectivos ámbitos de operación y aplicación de este sistema.
La liquidación del Consejo estará a cargo del Poder Judicial, estableciéndose para ello un comité de liquidación, integrado por el secretario Ejecutivo del Consejo, el secretario de administración del Consejo del Poder Judicial, el contralor Interno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, un representante del Poder Legislativo, el consejero Jurídico del Ejecutivo y un representante de la Auditoría Superior de Michoacán.
Deberá conservarse la plantilla laboral elemental, única y exclusivamente para llevar a cabo el proceso de liquidación y los derechos laborales de los trabajadores adscritos al Consejo de Coordinación, serán respetados de conformidad con la legislación laboral aplicable.
Los recursos materiales del Consejo, así como sus activos patrimoniales y financieros, serán transferidos a la Secretaría de Administración del Poder Judicial.