Legislación debe responder a nuevas dinámicas de movilidad
MORELIA, Mich., 14 de agosto de 2022.- Es necesario que nuestra legislación responda a las nuevas dinámicas de movilidad que se registran en el país y en particular en Michoacán, bajo una perspectiva puntual de nuestra realidad, apuntó el diputado Víctor Manríquez González, presidente de la Comisión de Migración de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, informó que si bien históricamente Michoacán ha sido uno de los estados con mayor migración en el país, hoy día la movilidad de la población es multifactorial, por lo que nuestras leyes deben atender las nuevas realidades que se presentan.
“La movilidad es polifacética y se relaciona con diversos aspectos económicos, sociales y de seguridad que inciden en la vida de las personas, situación que no ha disminuido pese a las rígidas políticas migratorias”.
Recordó que en el último Censo del INEGI, el total de población emigrante internacional ascendió a 802 mil 807 personas entre marzo de 2015 y marzo de 2020, en donde la prevalencia masculina sigue por encima de la femenina con un 67 por ciento.
Víctor Manríquez abundó que, la media de la edad al momento de partir de los migrantes internacionales es de 26 años. De este total poco más de la mitad, un 54 por ciento, salió del país cuando tenía entre 15 y 29 años; 34 por ciento cuando había cumplido entre 30 a 59 años; siete por ciento tenían menos de 15 años, y solo cuatro por ciento tenían 60 y más años al momento de migrar.
“La razón principal por la que emigrar hacia otro país en México sigue siendo laboral, pero no debemos dejar de observar que las razones de inseguridad motiva ya una significativa movilidad en el territorio nacional, con lo que se conoce como el fenómeno de desplazamiento forzado”.
Para dar respuesta más efectiva a estos fenómenos, Víctor Manríquez refirió que se precisa una profunda revisión de nuestro marco normativo, a partir del cual deben establecerse responsabilidades claras y efectivas para las autoridades no solo en la generación de políticas públicas, sino también en el destino de presupuestos que hagan posibles acciones al respecto.
