Lectura de trámite y sin atención marca reforma judicial de Michoacán
MORELIA, Mich., 21 de octubre de 2024.- Ante el pleno de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán se dio la primera lectura del dictamen de reforma constitucional al Poder Judicial estatal, propuesto por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En sesión pública, la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Vanhessa Caratachea, leyó en voz alta las 92 páginas del dictamen aprobado por las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Electorales. Más de dos horas de lectura.
En un primer momento, se comentó entre las curules del pleno que Morena y sus aliados pretendían dar el albazo y dispensar la segunda lectura, a la que están obligados los diputados cuando se trata de reformas constitucionales. Sin embargo, esto no fue así, y se acordó la lectura de cierre para el próximo miércoles.
Mientras que nadie en el pleno parecía prestar atención, la diputada Caratachea apresuraba la lectura del extenso documento, que constituye una de las reformas más importantes del siglo, para el estado de Michoacán, y que tiene como eje la elección por voto popular de jueces y magistrados.
Era una lectura de mero trámite, porque como parte de la condición apodíctica del derecho se debe leer en voz alta, y máxime que los curuleros ya han tenido acceso al documento, en una práctica harto normalizada en el pleno, Caratachea leía al aire: se podía ver a unos diputados concentrados en el celular, allá un grupito de tres en apasionada plática, acullá unos con la mirada puesta en algún lugar del piso.
Y es que, como mero pragmatismo político, el quehacer legislativo ha devenido en mero trámite, y aunque la reforma judicial es una de las más importantes de la historia moderna de Michoacán, se prevé que sea hasta la segunda lectura cuando se emitan posicionamientos políticos.
Las claves de la reforma
El documento contempla la creación de dos nuevas instituciones en sustitución del actual Consejo del Poder Judicial: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Estos organismos contarán con autonomía técnica y de gestión, con el objetivo de asegurar un mayor control administrativo y disciplinario.
Una de las medidas más destacadas es la elección de jueces y magistrados por voto popular. Esta iniciativa pretende acercar la justicia a la ciudadanía, al permitir que los cargos sean ocupados por funcionarios elegidos directamente por los votantes.
La duración del mandato para estos puestos será de nueve años, con la intención de dar estabilidad y continuidad en el ejercicio judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial estará compuesto por cinco miembros, quienes serán elegidos a nivel estatal por un período único de seis años.
Este órgano tendrá la facultad de investigar y sancionar a funcionarios judiciales que no cumplan con la normativa vigente, garantizando así la rendición de cuentas y el cumplimiento de los principios de imparcialidad e independencia.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial se encargará de la administración interna del Poder Judicial, incluida la formación y capacitación del personal a través de la Escuela Estatal de Formación Judicial, que será responsable de los procesos de certificación y evaluación de los empleados judiciales.
La iniciativa también introduce un cambio en la estructura de las instancias judiciales, estableciendo Salas Unitarias para casos penales y Salas Colegiadas de tres magistrados para otras materias.
Además, las elecciones para los puestos judiciales se llevarán a cabo de manera concurrente con otros procesos electorales, y tendrán una duración de campaña de 45 días, sin etapa de precampaña, para garantizar un proceso equitativo y ordenado.
De ser aprobada, esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, iniciando un proceso de elecciones extraordinarias en junio de 2025 para renovar parcialmente los cargos de jueces y magistrados.
