La Ley permite caos vehicular de Morelia; reforma corregiría ambigüedades
MORELIA, Mich., 15 de abril de 2022.- La movilidad en Morelia últimamente se ha convertido en una odisea, ya que hay problemas en salida a Mil Cumbres en donde se construye el distribuidor y se redujeron carriles, lo mismo en la salida a Salamanca, las obras de reencarpetamiento que se realizan en la zona Poniente de Morelia, el puente inconcluso que se está pudriendo en sus cimientos de Siervo de la Nación y Periodismo.
“Los habitantes de la ciudad se han quejado por todos los medios disponibles a su alcance, pero el problema continúa, trabajadores, alumnos, empresas, padres de familia, negocios, transportistas, todos sufrimos las consecuencias. Lo peor es que no se avizora una fecha exacta en la que se entreguen las obras y se vuelva a la normalidad”, afirmó la diputada Hortencia Gallardo.
Esto es así porque la propia Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios lo permite, por no precisar las obligaciones de los constructores ni aplicarse las garantías en caso de incumplimiento, indicó al presentar una iniciativa de ley para corregir ambigüedades que incentivan el caos en la capital michoacana.
La ley permite varios escenarios que hacen factible el caos y, a manera de ejemplo, señaló que, si el contratista presentó un plan para terminar la obra en un plazo de un año, puede avanzar tres meses, irse seis y regresar a concluirlo en tiempo y forma sin penalización alguna. Eso es lo que está ocurriendo porque la ley del Estado lo permite.
Por eso la propuesta de una reforma para que sea obligatoria la licitación pública para la realización de obra pública y se deberá establecer desde la misma convocatoria que habrá sanciones si no se cumple con el plazo y fecha determinada, además de establecer las penas por retrasos en el cumplimiento del programa de obra.
Incluso si se termina en tiempo, pero hubo retrasos en el calendario, habrá sanciones, la ley establecerá que para ello es la garantía de cumplimiento y en caso de no hacerlo, se tendrá que cambiar de contratista, indicó la diputada de la Representación Parlamentaria al presentar su propuesta ante el pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado.
