Congreso batea al Judicial: evade juicio político a edil de Zinapécuaro
MORELIA, Mich., 27 de octubre de 2023.- Hay casos en los que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) no solo no ve cumplidas sus sentencias en contra de algunas autoridades, sino las propias autoridades ignoran sus mandatos para cumplir las sentencias que dicta a favor de los ciudadanos.
Tal es el caso de la constructora Amareti, frente al ayuntamiento de Zinapécuaro, con el que firmó contrato para una obra pública el 31 de enero de 2011, por un monto de un millón 480 mil 549 pesos que no pagó.
El TJAM admitió la demanda correspondiente el 19 de mayo de 2014 y, en principio la declaró improcedente porque la persona moral no demostró los hechos, pero la empresa inició un juicio de amparo que le fue otorgado y el TJAM tuvo que volver a analizar la demanda y la declaró procedente y sentenció al ayuntamiento de Zinapécuaro a pagar.
La sentencia incluía además del pago principal, el pago del 20 por ciento del valor total de la obra como pena convencional; del ocho por ciento del interés mensual sobre saldos insolutos; penas pactadas en el contrato, pero no los intereses, la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios a consecuencia del incumplimiento, así como una indemnización por daños y perjuicios económicos y morales.
La sentencia no se ejecutó y luego de innumerables requerimientos –alrededor de 15- ignorados por el ayuntamiento que para entonces ya había sido renovado, impuso una multa a la presidente municipal María del Refugio Silva Duran y ordenó dar vista al Congreso del Estado para que iniciara el procedimiento de separación del cargo de la edil.
Al Ministerio Público también dio vista para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por la comisión de los delitos que se deriven del incumplimiento a la sentencia definitiva dictada; a la Contraloría Municipal, para el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad por el incumplimiento de la sentencia y todos ignoraron los mandatos del TJAM.
Pasaron más años y, en 2019, con una nueva administración municipal, se impusieron multas y nueva se diera vista al Congreso del Estado, al Ministerio Público y a la Contraloría Municipal y fue forma de que el entonces presidente municipal mostró transferencia electrónica interbancaria, por un millón 230 mil 549 pesos realizada a la cuenta concentrada del TJAM.
Luego, por auto de data cinco de agosto de dos mil diecinueve, en atención a la planilla de liquidación promovida por Amareti Construcciones S.A de C.V., el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, ordenó formar e iniciar incidente de liquidación de sentencia, a fin de cuantificar los intereses monetarios.
Nuevamente un alud de requerimientos que, a la fecha no han sido atendidos, por lo que la persona moral Amareti presentó demanda de juicio político en contra del presidente municipal, el cual fue declarado improcedente, por lo que los constructores nuevamente acudieron a la justicia federal y un juez federal le ordenó al Congreso volver a analizar la demanda de juicio político bajo ciertos criterios.
Sin embargo, nuevamente el pleno de la 75 Legislatura decidió declararlo improcedente debido a que quienes lo promovieron son los representantes legales de la constructora, que solo cuentan con un poder notariado, cuando desde su punto de vista, debió hacerlo el administrador único, en persona, porque el juicio político es un derecho que tienen los ciudadanos, no sus representantes legales.
Han pasado 12 años desde la firma del contrato de la constructora Amareti y el ayuntamiento de Zinapécuaro y, pese a haber acudido a todas las instancias correspondientes, no ha podido acceder a la justicia por incumplimiento de contrato, pero su lucha ha servido para exhibir la negligencia con la actúan todo tipo de autoridades y representantes populares, dejando en el desamparo total a los ciudadanos.
