Incompletas, prerrogativas de partidos; en riesgo el proceso electoral
MORELIA, Mich., 21 de enero de 2021.- El Ejecutivo estatal está poniendo en riesgo el proceso electoral y vulnerando el derecho Constitucional de los partidos políticos al financiamiento público oportuno acusaron los representantes de los partidos del Trabajo, Morena, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
Esto debido a que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no tuvo acceso al total de las prerrogativas correspondientes a enero para el gasto ordinario y la obtención del voto, por lo que se tuvo tomar el acuerdo de hacer una dispersión parcial.
El problema se originó en el Congreso del Estado al aprobarse el presupuesto de Egresos 2021 ya que en la calendarización de las prerrogativas para la obtención del voto se hizo en seis meses, cuando debe ser hasta en cinco, de acuerdo con el Código Electoral.
Al no corregirse oportunamente el tiempo en que se debe hacer la distribución, este mes de enero hicieron falta 10 millones de pesos que los representantes partidistas calificaron como un adeudo que exigieron que se les cubra.
El presidente del IEM, Ignacio Hurtado informó que únicamente les dieron acceso a 36 millones de pesos y no lo aprobado por el IEM, lo cual arroja la diferencia de los 10 millones de pesos al presentar la propuesta de hacer la distribución parcial.
Reconoció que el otorgamiento de las prerrogativas tiene como finalidad que los partidos cuenten con los recursos para el desarrollo de sus actividades por lo que son el núcleo esencial para cumplir con los fines que les confiere la Constitución.
“No se puede soslayar que el financiamiento público camina de la mano del principio de equidad en la medida en que se garantice el acceso a los recursos y al no tenerlo su impacto trasciende al registro de los propios partidos y la posibilidad de participar en posteriores contiendas.
Marcela Casillas, representante del Partido del Trabajo dijo estar bajo protesta en la sesión porque es una violación constitucional de la Secretaría de Finanzas y Administración no dispersar completos los recursos a los que tienen derecho, dándoles un trato de aboneros y responsabilizó al Gobernador de poner en riesgo el proceso electoral a través de un empleado. Anunció que impugnará el acuerdo e hizo un llamado al Congreso del Estado para que resuelva el problema.
“La entrega de las prerrogativas no puede ser a cuentagotas y sino pues declarémonos en estado de excepción y suspendamos la elección; no podemos seguir así, si no se pone alto a caprichos, a su licuadora que dispersa los recursos a dónde se les ocurre, vamos a tener serios problemas”.
El consejero Juan Adolfo Montiel también reconoció que el financiamiento público a los partidos políticos es esencial para el sistema electoral, debe prevalecer sobre el financiamiento privado y debe otorgárseles de manera oportuna para su funcionamiento. Señaló que el Ejecutivo transgrede las reglas electorales, las de financiamiento y pone en riesgo el buen desarrollo de los comicios porque los partidos cuentan con ese recurso.
Marcela Barrientos, representante de Morena, señaló que más que un acuerdo el IEM debía hacer una denuncia en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración porque lo que estaban haciendo era darle legalidad a lo ilegal, a una violación flagrante a los derechos de los partidos y, aunque no es la primera vez, ya es una constante del Gobierno que no puede ser tolerada más.
Diego Romeo Chávez, representante del PRI dijo que los partidos quedan en estado de indefensión porque tienen compromisos económicos que cumplir por lo que ya es tiempo de asentar que no pueden permitir que esto siga sucediendo porque se limita su participación y no se guardan los equilibrios. Se sumó al llamado a autoridades competentes a que resuelvan el problema.
Rodrigo Guzmán, representante del PVEM lamentó que estuvieran viendo como se violenta la Constitución y los derechos de los partidos y consideró una burla que el Gobierno no cumplan con lo que dice la Constitución ya que los partidos tienen compromisos que no van a poder cumplir, por lo que coincidió en que este tipo de acciones ponen en riesgo el proceso electoral y hasta pueden llegar a anularse.
