Imparcialidad en riesgo, advierte PAN tras reforma a TJAM Michoacán

MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2024.- La diputada Vanessa Caratachea, representante del PAN en la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, manifestó abiertamente su desacuerdo con la reforma al Tribunal de Justicia Administrativa, la cual calificó como una medida “oficialista” que, en lugar de fortalecer el sistema judicial, podría debilitar su imparcialidad e independencia.

Desde la tribuna, legisladora destacó que la reforma no representa una solución real para combatir la corrupción, ya que se centra principalmente en modificar la estructura administrativa y el nombre del tribunal, dejando de lado aspectos fundamentales de transparencia y justicia.

 “No se trata sólo de un cambio de nombre o ajuste de atribuciones. Es crucial blindar jurídicamente que un poder no intervenga sobre otro”, afirmó Caratachea, refiriéndose al riesgo de que la autonomía del Tribunal se vea comprometida por intereses políticos.

Uno de los principales puntos de preocupación para Caratachea es la modificación del periodo de permanencia de los magistrados, que podría prolongarse hasta 18 años, con opción a reelección.

Según la diputada, esta medida "perpetuaría" a los titulares en el cargo, generando una estructura que podría prestar servicios a intereses políticos a largo plazo. 

"Los nombramientos deben ser técnicos y jurídicos, no basados en acuerdos políticos”, señaló Caratachea, enfatizando que los puestos en el Tribunal deben responder a criterios de competencia y profesionalización, no a convenios partidistas.

Además, Caratachea criticó la forma en que se llevará a cabo la designación de los magistrados, bajo la supervisión de un comité de evaluación controlado mayoritariamente por el Poder Ejecutivo.

 Según ella, esta estructura contraviene el espíritu de independencia que debe caracterizar a los órganos judiciales y no está alineada con la reforma judicial aprobada a nivel federal, que busca evitar la concentración de poder en manos de un sólo grupo.

La legisladora también se refirió a un punto que considera particularmente problemático: el establecimiento de un plazo de 90 días para que se realicen las reformas necesarias al Código de Justicia Administrativa. 

A su juicio, este periodo resulta insuficiente y podría dejar al Tribunal en un “limbo jurídico” durante la transición, y genera inestabilidad en la resolución de casos administrativos y afectando a los ciudadanos que buscan defenderse frente a actos de autoridad.

Caratachea insistió en la necesidad de mantener la imparcialidad y la profesionalización del Tribunal, al señalar que esta institución es un “escudo de defensa” para los ciudadanos en casos de controversias con el gobierno estatal, los ayuntamientos y organismos autónomos. 

"El Tribunal tiene la importante función de imponer sanciones a los servidores públicos por actos que afectan la hacienda pública y el patrimonio de los entes públicos, así como por omisiones en materia de acceso a la información”, destacó la diputada, al puntualizar que cualquier reforma debe enfocarse en garantizar estos derechos.

Otro tema de preocupación para el PAN, según Caratachea, es el impacto de la reforma en los trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa. La diputada enfatizó la importancia de respetar los derechos laborales de los empleados y garantizar que los cambios no perjudiquen su estabilidad. 

"Este dictamen señala que se deben respetar los derechos laborales, y pugnamos para que así sea”, subrayó, haciendo un llamado al Congreso para que el bienestar de los trabajadores no sea afectado en el proceso de implementación de la reforma.

Por último, la diputada subrayó que el combate a la corrupción en Michoacán es un tema prioritario para el PAN, y aunque reconoció la importancia de algunas de las intenciones de la reforma, sostuvo que estas son insuficientes para lograr una transformación real en la administración de justicia del estado.