Ilegales, 40% de consejeros electos, afirma Ana Lilia Guillén
MORELIA, Mich., 7 de agosto de 2022.- La autoproclamada presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, Ana Lilia Guillén, aseguró que al menos 40 por ciento de los consejeros preliminarmente electos, son servidores públicos, lo que, de acuerdo los estatutos de su partido, es ilegal, por lo que deberían de renunciar.
“Por lo menos el 40 por ciento de los consejeros electos son funcionarios. (…) El artículo 8º de los estatutos de Morena dice que no se puede ser consejero y funcionario; quien ejerza ambos cargos incurre en una violación al estatuto, pero parece que en México eso no importa”, dijo.
Entrevistada este domingo durante la Primera convención estatal de Morena, celebrada en Morelia por una facción del partido guinda, liderada por John Ackerman, Ana Lilia Guillén lamentó que en México se violentan marcos normativos desde la Constitución hasta los más mínimos reglamentos.
“Es la garantía de impunidad la que nos tiene como estamos; segura estoy de que no va a pasar nada, porque nadie va a castigar a nadie, así de sencillo. (…) Teníamos las banderas de no mentir, no robar, no traicionar, pero va a ser muy difícil seguirlas enarbolando, porque llegó gente impresentable, que no es afín a Morena”, señaló.
Aunque no se han dado a conocer los resultados oficiales, pero alcaldes y diputados, incluso el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, contendieron por una consejería, y ganaron. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla impuso hegemonía y tiene mayoría en el Consejo Político de Morena.
Ana Lilia Guillén señaló que la pasada elección del 30 y 31 de julio tiene que anularse, no solo porque se incurrió en graves irregularidades que atentan contra la normativa electoral en México y los principios de la 4T, sino porque se infiltraron poderes fácticos y la mano del Estado para acarrear, inducir, comprar o acarrear el voto.
Justificó que no ha interpuesto ningún recurso legal ante el órgano de justicia partidaria, debido a que, al no haber participado, no tiene las facultades como parte interesada; sin embargo, respaldó el proceso legal que, con un millar de pruebas, se impulsa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la elección.
