IEM no ha informado si inhabilitaciones de ASM son procedentes
MORELIA, Mich., 18 de abril de 2018.- Sobre la lista de 50 ex funcionarios inhabilitados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) que buscan ser candidatos a algún puesto de elección popular, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no ha informado aún a los partidos políticos si alguna inhabilitación es procedente, afirmó el diputado Jesús Remigio García Maldonado.
El también representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el órgano electoral señaló que todavía está la etapa de requerimientos y revisión de expedientes en el IEM, pero en cuanto se concluya se notifique a los partidos se harán los cambios pertinentes.
“Ni el caso del candidato del tricolor al Senado de la República, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela es procedente; incluso es un tema que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya revisó y ya se pronunció, aprobó su procedencia y tan es así que está haciendo campaña y no fue impugnado su registro que ya es firme y definitivo”.
Al respecto, el diputado Roberto Carlos López García, incluso puso en duda esas supuestas inhabilitaciones porque hace tres años a él se le acusó de estar inhabilitado por mal manejo de recursos públicos cuando fue regidor cuando los regidores no ejercen recursos, pero lo incluyeron en el listado solo por haber formado parte de una administración.
“Yo creo que quién es señalado en este listado que se menciona tendría que acudir a la Auditoría a revisar si trae pendientes y ser responsable; cada quien sabe su trayectoria y sabe sus obligaciones y recordemos que también luego hay señalamientos que no son de peso y pueden ser subsanados antes de arrancar una campaña; no está todo dicho, una inhabilitación puede ser solventada si es que falta cumplimentar algún procedimiento”.
Los dos legisladores del tricolor coincidieron en señalar que la Auditoría Superior de Michoacán es un órgano técnico del Congreso del Estado y por lo tanto su titular no debe inmiscuirse en política filtrando información como se hizo en el caso de Orihuela sino dedicarse a cumplir con su responsabilidad constitucional que es la fiscalizar el gasto público.
