Exhortan en San Lázaro a SICT a mejorar seguridad en carreteras del país
CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio de 2024.- La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, sobre exhortos a diversas dependencias del Gobierno Federal, para que adopten previsiones para la red carretera en el país.
En comunicado de prensa la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a fortalecer los mecanismos de revisión del adecuado funcionamiento del servicio de postes y teléfonos de emergencia, así como del señalamiento vial en las carreteras del país.
Asimismo, sancionar el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país, implementar las acciones de capacitación a los elementos encargados de monitorear y resguardar la seguridad de los transportistas y particulares en carreteras y caminos federales.
Igualmente, informar a la Comisión Permanente sobre el avance del programa presupuestario 032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras durante 2024, y modificar la norma N-LEG-03/07 correspondiente al libro legislación parte 3 “ejecución de obras”.
Pide a los titulares de la SICT, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fortalecer los mecanismos de supervisión de las comisiones que se cobran por las recargas en las tarjetas TAG, así como los de vigilancia de los derechos y beneficios que tienen los conductores y pasajeros por pagar un peaje en las diversas carreteras y autopistas de nuestro país.
También solicita a CAPUFE revisar la factibilidad legal y presupuestaria para exceptuar el peaje en todas las casetas de cobro que conforman la Autopista del Sol durante el ejercicio fiscal 2024, a efecto de incentivar la recuperación económica, turística y social de Acapulco, Guerrero.
Solicita a los titulares de la SICT y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en el marco de su competencia, robustezcan las acciones de seguridad y vigilancia en la red nacional de carreteras, con el objetivo de garantizar que el tránsito vehicular sea seguro para automovilistas y transportistas de carga.
Además, hace un reconocimiento a las acciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para que los residentes aledaños a la caseta de la autopista Toluca-Atlacomulco sigan gozando de la gratuidad de la misma.
Al fundamentar el punto de acuerdo, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) señaló que se debe garantizar el derecho humano a la movilidad segura, accesible, eficiente, inclusiva y sostenible. Asimismo, dijo, la infraestructura carretera es un elemento fundamental para mejorar la competitividad industrial, aumentar la productividad y optimizar el flujo de bienes y de personas.
Mencionó que, para lograr el desarrollo turístico, económico, comercial y social de nuestro país, las obras de infraestructura carretera, ferroviaria, de transporte y de comunicaciones en general, son estratégicas para cualquier nación, al mejorar la calidad de vida de millones de personas.
Documento
El dictamen con punto de acuerdo indica que para el país el tejido carretero es importante por lo que representa para su desarrollo social, cultural y económico, y en la vertiente de que las personas se muevan libremente, no solo a lo ancho y largo del país, sino incluso que puedan salir y entrar al mismo con condiciones de infraestructura aptas.
Señala que la generación de infraestructura carretera no sólo es de suma importancia para las personas y sus interacciones, sino que también deben generarse condiciones para la fauna en la construcción de nuevos caminos, carreteras y autopistas o en la conservación y mantenimiento de las ya existentes, a fin de conservar el equilibrio ecológico.
Añade que, en la medida en que se incrementa la cobertura y mejora el estado físico de las carreteras, los tiempos de recorrido disminuyen, la seguridad y comodidad aumentan y, en consecuencia, se generan ahorros substanciales y benéficos para los usuarios, lo que deriva en efectos favorables para la economía y el bienestar social.