Esquema de fiscalización actual, diseñado para solapar impunidad: PNA
MORELIA, Mich., 21 de febrero de 2017.- La dirigente del Partido Nueva Alianza (PNA) en Michoacán, Araceli Martínez Méndez, consideró que la norma vigente en materia de fiscalización, que permite conocer resultados con hasta dos años de retraso, pareciera estar diseñada para alimentar y solapar la impunidad, por lo que consideró que son este tipo de leyes las que urge revisar, y no otras “nimiedades”.
“Cuando las autoridades fiscalizadoras entregan los informes correspondientes ya han pasado hasta dos años, y esto está establecido en la ley de fiscalización federal y estatal, entonces, me parece que, en atención a una lógica elemental, ahí hay algo que se tiene que revisar, porque cuando se entregan los informes los responsables ya no están en funciones”, comentó.
En entrevista con Quadratín, Martínez Méndez señaló que la falta de mecanismos más eficaces aletarga los procesos de fiscalización, en los que incluso, dijo, sin precisar nombres, hay funcionarios de las propias auditorías tanto federal como estatal que “se dejan llevar” “por no decir corromper”, corrigió, y mantienen relaciones poco claras con funcionarios a los que fiscalizan.
A decir de la lideresa del partido turquesa, los legisladores locales y federales llegan a dar “pena ajena”, no solo porque en ocasiones “no saben ni leer”, sino porque en las cámaras están planteando nimiedades, asuntos superfluos separados de las prioridades en materia de salud, seguridad, alimentación, empleo, educación y en este por su puesto, fiscalización, dijo.
En este orden de ideas, recalcó que hace falta revisar los esquemas normativos de fiscalización federal y estatal para que “por lo menos”, dijo, de manera semestral se entreguen resultados de auditorías, que permitan cuestionar jurídicamente a los servidores públicos aún en funciones, y evitar laberínticos caminos de solventación de pruebas que concluyen en impunidad.
“Pareciera que el esquema está diseñado para alimentar la impunidad; la revisión de las cuentas públicas lleva dos años de retraso; ahora la autoridad fiscalizadora revisa la de 2015, y cuando revise la de 2018 estarán otros presidentes municipales, que es, por ejemplo, el punto más vulnerable de la administración pública; esto no es sano, urge corregirlo, o seguiremos viendo únicamente juicios mediáticos, como hasta ahora”, concluyó.
