Escuchando a ciudadanía, ponemos a Michoacán a la vanguardia: diputada
MORELIA, Mich., 15 de marzo de 2021.- Escuchando las demandas más sentidas de las y los michoacanos, logramos poner a nuestro estado a la vanguardia, afirmó la diputada local Lucila Martínez Manríquez.
De acuerdo con un comunicado de prensa, lo anterior, al recordar que, a propuesta suya, fue aprobada por unanimidad una reforma al Código Penal mediante la cual se castigará hasta con 10 años de prisión a empleados bancarios que participen en robo a usuarios.
La reforma impulsada por Lucila Martínez establece que en el robo calificado grave se aumentará la pena hasta diez años de prisión, sanción que también será aplicable para aquellos trabajadores bancarios a los que se les acredite su participación en este ilícito, así como a quienes sean cómplices aprovechándose de la información a la que tienen acceso.
Esta reforma, enfatizó Lucila Martínez, responde a las demandas de las y los michoacanos y pone a nuestro estado a la vanguardia a nivel nacional en el combate de este tipo de delitos que tanto lastiman a la sociedad y que en los últimos años han incrementado su incidencia.
Sobre esto, expuso que el fenómeno del robo a usuarios bancarios se ha disparado en diversas regiones del país y, en el caso de Michoacán, especialmente en Morelia.
En casi todos los robos coincide el mismo modus operandi, ya que las víctimas aseguran que los delincuentes no dudan en ir directo en contra de ellas y saben cuánto dinero retiraron, así como datos específicos.
Resaltó que era una necesidad reforzar la legislación local para combatir este delito, aunado a implementar acciones coordinadas, ya que este tipo de ilícitos han cobrado la vida de muchos ciudadanos, además del gran daño que generan a las familias y a la sociedad en su conjunto.
Según las encuestas de percepción de inseguridad, son los cajeros automáticos y las instituciones bancarias en donde los ciudadanos sienten mayor inseguridad, incluso más que en zonas inseguras de sus ciudades.
Por último, puntualizó que con esta reforma no se pretende criminalizar a los trabajadores de las instituciones bancarias, pues se establece que se deberá demostrar la complicidad o participación en el hecho delictivo.
