Endurece Michoacán control fiscal y multas por incumplimiento vehicular
MORELIA, Mich., 15 de diciembre de 2024.- El Congreso de Michoacán aprobó reformas clave al Código Fiscal del Estado, para establecer medidas más estricto en la fiscalización tributaria y el control vehicular, con multas y sanciones específicas.
En sesión pública, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó el dictamen que establece la imposición de multas a quienes no realicen el referendo anual de circulación en los plazos establecidos o no cuenten con la constancia de inscripción al Registro Público Vehicular (Repuve), ahora obligatoria para propietarios de vehículos.
Con la reforma al artículo 71, las infracciones relacionadas con el control vehicular incluyen:
Multas para quienes no tramiten el cambio de propietario o domicilio en los plazos previstos.
Sanciones a quienes pierdan su tarjeta de circulación y no tramiten su reposición.
Asimismo, el artículo 88 establece que el delito de defraudación fiscal podrá perseguirse simultáneamente con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Esto endurece las acciones contra contribuyentes que manejen recursos opacos o irregulares.
Un punto clave es la reforma al artículo 45, que otorga a las autoridades fiscales la facultad de determinar de manera presuntiva los ingresos de los contribuyentes que no lleven o conserven registros contables adecuados o presenten irregularidades que imposibiliten conocer el origen de sus operaciones.
Estas modificaciones buscan fortalecer la recaudación fiscal y aumentar la vigilancia sobre quienes incumplan sus obligaciones tributarias, como no realizar trámites básicos relacionados con el control vehicular.
Las multas previstas para estas infracciones se reducirán únicamente si el contribuyente corrige su situación fiscal durante auditorías, según lo estipulado en el artículo 53-A.
Las reformas entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 y se espera que generen un impacto significativo en la fiscalización de impuestos y derechos estatales.
Este endurecimiento del marco legal se inscribe en el contexto del paquete fiscal 2025, diseñado para optimizar los ingresos públicos del estado.
