El procedimiento especial sancionador tutela derechos humanos
MORELIA, Mich., 11 de Diciembre de 2018. Los Tribunales Electorales federales y locales tutelamos los derechos humanos dentro del Procedimiento Especial Sancionador (PES), por medio de las quejas promovidas por los actores políticos que participaron en los pasados comicios electorales concurrentes.
De acuerdo con un comunicado, lo anterior, afirmó el Magistrado José René Olivos Campos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, al impartir la conferencia magistral “Justicia Electoral Administrativa” en el Posgrado de Derecho de la Universidad de Guanajuato.
Durante su conferencia, Olivos Campos dijo que en la actualidad este Procedimiento Especial Sancionador garantiza el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso, al establecer un proceso claramente identificado en cada una de sus etapas, en la que de forma esencial se contempla el derecho de audiencia, para hacer saber al imputado que falta se le atribuye, corriéndole traslado de la demanda, para que pueda aportar las pruebas necesarias y manifestar lo que considere.
Además, Olivos Campos puntualizó que en este medio de impugnación se observan los elementos para una correcta y proporcional individualización, acorde a las circunstancias particulares de cada uno de los casos, fortaleciendo el debido proceso.
Entre los principales derechos humanos que se han protegido se encuentran la libertad de expresión y de información, el interés superior de la niñez, los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la imagen propia, la protección al género y el combate a la violencia.
En particular al tema de violencia política, el Magistrado del TEEMICH mencionó que la violencia política de género se encuentra relacionada con el PES, cuya protección sustancial de los derechos de las mujeres se ha pronunciado para sancionar cuando un acto de campaña y en las propagandas electorales existen elementos que estén reproduciendo estereotipos de género, o generando un menoscabo a una candidato o servidora pública, por su condición de género.
