Ejes sustantivos del Plan B de AMLO

MORELIA, Mich., 27 de febrero de 2023.- Impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores de Morena, el polémico Plan B, que rechazan consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), organizaciones de la sociedad civil, partidos de oposición e incluso instancias internacionales, es una de las reformas electorales más impugnadas.

Tras el fracaso de las reformas a la Constitución General de la República en materia electoral, y que fueron consideradas el Plan A, López Obrador impulsó el que vendría a ser llamado Plan B, segundo intento de reforma electoral, ahora a partir de modificaciones a leyes secundarias cuya aprobación desató una movilización multitudinaria este domingo.

La iniciativa llegó a la Cámara de Diputados en abril, y propuso reformas a la Ley General de Comunicación Social, a la de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley General de Partidos Políticos y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación.

¿Qué implica el Plan B para el INE?

Entre las implicaciones más cuestionadas es que el Plan B planteó la supresión de más del 80 por ciento de la estructura administrativa y operativa del INE, cuyas vocalías distritales se reducirían de cinco a una, y de cinco a tres en el caso de las juntas locales; sin embargo, hay aspectos de la norma que quedaron a interpretación.

En entrevista con Quadratín, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, señaló que, si bien, las reformas a las leyes secundarias se supondrían menos severas que la fallida reforma constitucional, son desfavorables, porque suprime de cinco a tres las vocalías en las 332 juntas locales de todo el país.

Explicó que el Plan B propuso la desaparición de la figura de la secretaría de la Junta Local, vocalía que tiene a su cargo solicitudes en materia de transparencia, la oficialía electoral, de levantar actas y sustanciar e investigar, adecuadamente, las quejas que se presentan, y que son tareas que tendría que asumir la vocalía ejecutiva.

Sin embargo, aclaró que debido a que se estableció que la norma aprobada daría margen de maniobra al Consejo General del INE para interpretar disposiciones establecidas en la reforma planteada a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Y es que, recordó que se estableció que de enero a abril de 2023 el Consejo General del INE identificaría las medidas, adecuaciones administrativas, así como el costo que implicaría la reestructuración orgánica del INE, para el cumplimiento de las disposiciones establecidas, y planificaría su ejecución a fin de que, a más tardar el 1 de agosto de 2023 se haya concluido.

La pretendida vida eterna para partidos políticos

Aunque no prosperó, el Plan B pretendía reformas para permitir la transferencia de votos entre partidos políticos coaligados durante los procesos electorales, a fin de que, en caso de que alguno de éstos no cumpliese con el tres por ciento de votos requerido, sus aliados pudieran pasarle votos y evitar la pérdida del registro.

De inmediato brincaron especialistas en materia electoral, quienes advirtieron que la pretensión iba contra de principios establecidos en la Constitución General de la República, y que implicaba un retroceso en el sistema democrático, al desconocer la voluntad emitida en el voto popular; el mismísimo AMLO se manifestó en contra, así que la intentona falló.

Quienes rechazan el Plan B también advierten que éste da manga ancha a que los partidos políticos ejerzan los recursos públicos de manera discrecional, por lo que tendrán permitido posponer el uso para posteriores ejercicios, en desmedro de obligaciones en materia de capacitación.

Blindaje a candidaturas de servidores públicos

Otro de los puntos más cuestionados derivó de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley General de Comunicación Social, con que el Plan B blindó la candidatura de servidores públicos, pese a que éstos de facto hayan incurrido en actos anticipados de campaña.

La normativa subraya que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones que realicen servidores públicos en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

Aunque no se legalizan precampañas ni campañas anticipadas, se abrió la posibilidad de una mayor intervención de los servidores públicos en las campañas electorales, pues el Plan B estableció que en ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales.

Afectaciones del Plan B en materia de paridad

De acuerdo con Verónica Naranjo, representante de la Secretaría de Igualdad de Género en el Comité Directivo del PRD Michoacán, el Plan B dejó implica un retroceso mayúsculo en materia de género, pues advirtió que la paridad ahora queda en manos de los partidos políticos, como ocurría antes de la reforma de 2014.

Al respecto, el vocal ejecutivo de la Junta Local, David Alejandro Delgado Arroyo explicó que el Plan B restringe la intervención del INE para emitir lineamientos en materia de acciones afirmativas y paridad, además de generar válvulas de escape que violan el principio de paridad.

“Se dejan sin efectos avances que se tenían para combatir la violencia política contra las mujeres, particularmente al dejar sin efecto la sanción de negativa de registro de la candidatura. En suma, aun cuando mantiene el mandato genérico de paridad, se desactiva su eficacia”, explicó.

Del argumento de la austeridad al reproche de un supuesto autoritarismo

Mientras que López Obrador y Morena argumentan que el Plan B busca generar un ahorro de más de 20 mil millones de pesos, partidos de oposición han advertido que el gobierno lopezobradorista impulsó la reforma electoral para mantener el control de las elecciones, arraigarse en el poder y llevar a México de un sistema democrático a un país autoritario.

Tras siete meses de discusión técnica y política, el 13 de noviembre de 2022 miles de ciudadanos y militantes de partidos marcharon con la consigna “El INE no se toca”, en aquella ocasión contra el Plan A; este domingo 26 de febrero, ahora contra el Plan B, una multitud marchó nuevamente ahora con el slogan: “En defensa de la democracia”.

¿Qué sigue? 30 días para impugnaciones

Desde diciembre pasado en que la Cámara de Diputados aprobó el primer paquete de reformas del Plan B, partidos políticos de oposición interpusieron seis recursos de inconstitucionalidad, y consejeros del INE, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la promulgación del Plan B, que se esperaría sea publicada en el Diario Oficial de la Federación la noche de este lunes o este martes 28 de febrero, quienes rechazan las reformas contarán con 30 días para interponer amparos o recursos jurídicos diversos que permitan revertir la norma.