Destinó el gobierno anterior 40% de recursos de seguridad a obra
MORELIA, Mich., 22 de noviembre de 2021.- Hasta el 40 por ciento de los recursos destinados a la seguridad pública en Michoacán se destinaron a obra, “el negocio del exgobernador Silvano (Aureoles Conejo)”, afirmó Roberto Pantoja Arzola, delegado en la entidad de la Secretaría del Bienestar.
Tras la presentación, por parte de la administración estatal, del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos correspondiente a 2022, Roberto Pantoja destacó la reducción, “por 400 millones de pesos”, en el rubro de seguridad pública, que, “seguramente le implicará muchas críticas al gobernador Alfredo (Ramírez Bedolla)”.
No obstante, acotó, sin presentar pruebas, que los recursos recortados comprenden obra pública que fue, en el sexenio anterior “negocio de dos o tres” personas, sin un beneficio para la población en general, como es el caso del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), ubicado en la colonia Villas del Pedregal.
“De muy poco sirve a los ciudadanos, de nada sirven 10 mil, 500, cámaras desplegadas en un municipio, si no hay personal que las atienda, si no hay seguimiento o, siquiera, voluntad. Usaron el recurso de seguridad para obras, en vez de equipar o capacitar a los policías, y las obras fueron el negocio del exgobernador Silvano (Aureoles)”, lamentó Roberto Pantoja.
Aseguró que hasta el 40 por ciento “de los centavos” asignados al rubro se desvió o mal utilizó mediante su asignación a obra, “es impresionante la forma en la que saquearon al estado”.
De acuerdo con el proyecto de paquete fiscal 2022, el rubro de seguridad pública enfrenta una disminución presupuestal por 531 millones de pesos, equivalente al 13.3 por ciento de lo aprobado en 2020, esto es, 131 millones de pesos más que lo referido por el delegado en Michoacán de la Secretaría del Bienestar.
Con anterioridad, la administración estatal, encabezada por Ramírez Bedolla, destacó los vicios de la obra del C5i y la existencia de contratos presuntamente irregulares para su edificación y operación.