Desechan iniciativas para desincorporar 2 inmuebles de Patrimonio
MORELIA, Mich., 19 de abril de 2018.- Después de seis años de haber sido presentadas por el Ejecutivo estatal dos iniciativas de ley para la desincorporación del patrimonio del estado de dos inmuebles, uno en Avenida Tata Vasco número 80 y el otro en avenida Acueducto esquina con Diego de Basalenque, serán desechadas.
Desde 2011, el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel solicitó se autorizara la donación a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el inmueble que actualmente ocupa la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.
El argumento fue que ante el crecimiento de la matricula en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales era necesario desarrollar mejores espacios para el alumnado y ese inmueble que cuenta con una superficie de 2 mil 841 metros cuadrados era apropiado para ello.
A finales de la 72 legislatura incluso se dictaminó positivamente esa iniciativa de ley en las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública, la de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda y la de Gobernación, pero no pasó al pleno ya que se retiró de la orden del día en que estaba prevista su aprobación, ante la inconformidad de organizaciones empresariales y del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe).
El asunto quedó pendiente y desde entonces, las autoridades universitarias no hecho gestión alguna por hacerse de ese inmueble, por lo que los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública acordaron que se dictamine nuevamente para ser desechada en próxima reunión de las comisiones unidas, ya que no quieren seguir arrastrando asuntos que no prosperan.
A petición también de Godoy Rangel se pretendía desincorporar del patrimonio estatal para subastar el inmueble ubicado en la calle Diego de Basalenque número 265, esquina con avenida Acueducto, con una superficie de mil 90 metros cuadrados.
Ese inmueble es uno de los que América Aguilar Rodríguez garantizó el pago de 21 millones de pesos a cambio del perdón por el fraude que cometió por 61 millones de pesos cuando era funcionaria de la Secretaría de Finanzas y Administración, durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel.
