Derechos Humanos y político electorales, pilares para una sociedad: ATERM

MORELIA, Mich., 20 de octubre de 2024.-  Con el objetivo de analizar los “Derechos Humanos y Político-Electorales y su repercusión en instituciones de educación superior”, se reunieron en Morelia integrantes de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, tanto magistrados como consejeros, convocados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

En comunicado de prensa de la CEDH, en su mensaje de bienvenida al Simposio, el ombudsperson de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, señaló que el encuentro se constituye como un espacio de diálogo, análisis y reflexión que sirve para marcar el camino que hay que transitar para llegar al respeto pleno de los derechos humanos en el ámbito de lo político-electoral, a fin de generar mejores condiciones de paz.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana(ATERM), Norma Angélica Sandoval Sánchez, aseguró que los derechos humanos y político-electorales son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática y equitativa.

Dijo que  las instituciones de educación superior son esenciales para garantizar la formación de ciudadanos comprometidos con la justicia social, la igualdad y el respeto de las libertades fundamentales, elementos necesarios no sólo para el desarrollo individual, sino para el fortalecimiento de la convivencia en los espacios académicos donde el respeto por la libertad y el pensamiento crítico debe ser fomentado, a través de una educación en derechos humanos y político-electorales, pues la violación de éstos afecta a la sociedad en su conjunto.

El presidente de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, aseveró que cuando se educa a la niñez, se siembra la posibilidad de que crezca con valor, confianza, esperanza y libertad, cuyo resultado son personas adultas conscientes de sus de decisiones y oportunidades y de la importancia de su rol como ciudadanos.

Dijo que el compromiso de las y los ombudsperson es rectificar, con base en la autoridad moral, los abusos del poder, a través de acciones como este simposio, espacio de debate público que abona a la educación y que ésta a su vez, contribuye a la paz del mundo.

Para iniciar los trabajos del encuentro se contó con la conferencia magistral dictada por el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura quien presentó un amplio recuento del proceso electoral 2023-2024 de nuestro país.

Resaltó, en primer lugar, el derecho humano a votar y ser votado y la obligación del INE de hacer valer  este derecho y cuidar que el voto sea libre, secreto, personal e intransferible. 

Aseguró que en general el país vivió un proceso electoral normal, con la particularidad de que por primera vez 24 consulados recibieron de manera directa, personal, el voto de mexicanos radicados en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, España y Francia, garantizando así el derecho humano de las y los mexicanos que habitan en otras latitudes.

Habló también del derecho humano a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva, para lo cual se contó con el apoyo de los gobiernos de los Estados, excepto Yucatán y Veracruz.

Dijo que las personas que se encuentran en ese estatus, fueron informadas de manera objetiva sobre las ofertas políticas de las y los aspirantes a un puesto de elección popular.

Lo mismo sucedió, dijo, con las personas incapacitadas físicamente, a través del voto anticipado, consistente en la recepción del voto por personal del INE y que solo se conoce hasta el día de la elección.

Apuntó que se prestó especial atención a garantizar el respeto de los derechos humanos y político-electorales de grupos vulnerables, como personas indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ+, a quienes, a través de acciones afirmativas, se les aseguró su acceso a contender por cargos de elección popular.

Luego de recordar algunas cifras dadas a conocer una vez concluido el proceso electoral, el consejero reconoció que aún falta mucho por hacer para consolidar plenamente la democracia en el país, concluyó afirmando que el INE es un órgano transparente, accesible, ágil, organizado y con estrategias que hasta la fecha han funcionado en la organización de los procesos electorales y comprometido con la defensa de los derechos político- electorales de las y los mexicanos.

La segunda parte del simposio se desarrolló a través de la mesa de debate denominada “Sentencias, análisis y ponderación de derechos humanos”, en la que participaron Yari Zapata López, magistrada del Tribunal Electoral de Guanajuato; Brenda Nohemí Domínguez Ake, consejera del Instituto Electoral de Campeche; Ricardo Gutiérrez Rodríguez, magistrado de Tribunal Electoral de Querétaro; Leopoldo González Ayala, magistrado del Tribunal Electoral de Sonora, y Jaime Vargas Flores, magistrado del Tribunal Electoral de Baja California, teniendo como moderadora a Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral de Puebla y presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana.

En sus respectivas disertaciones, las y los magistrados y consejeros presentaron casos específicos de violación de derechos humanos y político-electorales sucedidos en sus entidades durante el desarrollo del pasado proceso electoral y narraron los procedimientos aplicados hasta llegar a una resolución emitida con perspectiva de defensa de los derechos humanos.

Los disertantes coincidieron en señalar que, aunque las Entidades Federativas son autónomas, también tienen la obligación de respetar y hacer cumplir la legislación federal, lo que en algunos casos incide en los resultados derivados de una controversia electoral; señalaron que prácticamente en todas los Estados del país se respetó el principio de paridad de género; de la misma manera se garantizó la participación, como aspirantes a puestos de elección popular a personas pertenecientes a grupos prioritarios; se protegió el interés superior de niñas, niños y adolescentes al sancionar a los partidos políticos por la inclusión de este grupo etario en los productos de propaganda, tanto impresos, como los difundidos en medios electrónicos y digitales, y, que en el caso específico de Michoacán hubo 43 quejas por violencia política, de las cuales sólo una resultó procedente.

Finalmente se comprometieron a seguir cumpliendo a cabalidad la función de resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones derivadas de las elecciones federales, anteponiendo ante todo el respecto a los Derechos Humanos.