Defiende Marco Antonio Bravo solicitud de aumento salarial a auditores
MORELIA, Mich., 19 de octubre de 2023.- Pese a que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya advirtió que no habrá aumentos para la burocracia, el auditor superior Marco Antonio Bravo Pantoja defendió su propuesta de incrementar el salario a los auditores de 12 mil 600 a 18 mil pesos netos al mes.
“Es un tema de justicia poder otorgar a los trabajadores la dignificación de su labor; es un aumento plenamente justificado porque tienen 13 años con el mismo salario y, para poder hacerlo se necesita un aumento en el presupuesto, se están pidiendo 279 millones de pesos para el 2024”, indicó.
El anteproyecto de presupuesto que se elaboró en la ASM se entregó a la Comisión Inspectora, donde se analizó y se aprobó porque en la solicitud se plantean las necesidades que se tienen para poder aumentar el salario a los auditores, por lo que dijo confiar en que se respete y se apruebe como parte del paquete económico fiscal 2024.
El rezago salarial de los auditores obedece a varios factores, de acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, uno de ellos desde que inició el siglo ya que durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel hubo restricción para incrementar el sueldo al personal de confianza, limitación que se ha mantenido y ya llegó a una situación crítica porque ahora un jefe de departamento gana menos que un trabajador a su cargo, situación que no es exclusiva del Poder Legislativo.
Recordó que alguna manera se compensaba el bajo salario de los auditores, pero en la 72 Legislatura, cuando el diputado Fidel Calderón presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) eliminó las prestaciones que se otorgaban a los trabajadores de confianza, bajo el argumento de que las prestaciones son únicamente para el personal sindicalizado.
Fue entonces cuando auditores y supervisores intentaron formar un sindicato y lo único que lograron fue que se despidieran a 72 y, hasta la fecha, solo han regresado 17 porque el Congreso no logró demostrar que fueran trabajadores de confianza ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
