Deberá regresar Sistema Anticorrupción 1.1 mdp por subejercicio

MORELIA, Mich., 27 de septiembre de 2022.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SeSEA) deberá de regresar un millón 084 mil 304.64 pesos a la Secretaría de Finanzas y Administración, por un subejercicio, pues para el cierre de 2022 no habrá concretado la contratación de cuatro directores generales.

Lo anterior se manifestó este martes en sesión del Comité Coordinador del SeSEA, cuyos integrantes prácticamente regañaron a la secretaria del SeSEA, Ana María Vargas Vélez y a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Elizabeth Vázquez Bernal, por incumplimiento en la planeación.

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023 del organismo, que era el punto principal, aunque previamente planchado, se dio paso al siguiente asunto, en que Vargas Vélez buscaba modificar el plazo del concurso público para la contratación de cuatro directores generales, quienes percibirán 45 mil pesos mil 179. 36 pesos al mes.

El primero en manifestarse en contra fue el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, quien señaló que no se trata de hacer contrataciones “al vapor”, y advirtió que cualquier modificación abriría un frente para cuestionamientos legales de aspirantes que pudieran cuestionar la legitimación del proceso.

“A ver, aquí no estamos diciendo que se suspenda nada, sino que nos apeguemos a los lineamientos, que están expedidos, establecen términos, respetar los términos. Aquí no se trata de sacar los temas al vapor o de que haya prisa. No podemos ser complacientes o flexibles en un tema que es de carácter público”, dijo.

Vargas Vélez excusó que la presupuestación no se previó para todo el Ejercicio, sino a partir de junio, además, señaló que la emisión de la convocatoria dependía de la configuración de la normatividad interna, que ha sido paulatina, y apenas en abril pasado concluyeron los últimos procedimientos ante la Secretaría de Contraloría.

La titular de la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción argumentó que apenas el pasado 13 de septiembre se aprobó el presupuesto para los exámenes psicométricos, a partir de lo cual se estará en condiciones de emitir la convocatoria, para que antes del 14 de diciembre se tuviese un resultado.

Al respecto, el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda recordó que la partida se contempló desde el año pasado, para ejercerse este año, y ya se contabilizó, sin embargo, no se ha ejercido, lo que implicará un subejercicio, debido que no se contempló el proceso en todos sus plazos.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Elizabeth Vázquez Bernal, exhortó a la sensibilidad de los presentes, debido a que está por concluir la administración de la Secretaría Técnica, y que “sería muy penoso” que ésta no lograra concretar el proceso de selección y contratación de estas direcciones de manera escalonada.

En respuesta, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Sierra Arias, señaló que no se trata de “gastar por gastar la partida”, además de que, independientemente de quien ocupe los cargos, existe una agenda institucional, y que sería un mal mensaje modificar los plazos en un proceso de contratación.

“No pasa nada porque son procesos institucionales; la Secretaría Ejecutiva, quien sea y la presidencia también, continuará, es la ventaja de tener órganos permanentes con independencia de quién esté al frente; yo creo que es importante que no mandemos una mala señal por modificar normativas, lo más importante es lo que establece la norma”, dijo.

Ante el evidente consenso en contra, Vázquez Bernal procedía a tomar la votación, cuando la interrumpió Sierra Arias: “Yo le propongo que lo retire, para que no se vote en contra”, y así procedió la presidenta del CPC, quien simplemente retiró el punto del orden del día.

Han pasado cinco años y, el Sistema Estatal Anticorrupción, que cuesta 20 millones de pesos al año, apenas ha definido su normatividad interna y plan de trabajo, pero no ha terminado de definir su estructura, lo que quedó en evidencia con la frustrada modificación al proceso de contratación de estos cuatro directores generales, proceso que todavía está en el aire.