Costaría más de un mdp plataforma para que Congreso sesione en línea
MORELIA, Mich., 15 de abril de 2020.- El costo de una plataforma propia para que el Congreso del Estado sesione en línea y cada uno de los 40 diputados que integran la 74 Legislatura cuenten con su firma electrónica certificada es de alrededor de un millón y medio de pesos.
Ese fue el costo que tuvo el Sistema de Juicio en Línea que desarrolló una empresa michoacana para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), y que está en operación desde el 18 de julio de 2019.
En internet se pueden encontrar empresas que ya cuentan con el software para generar firmas electrónicas pagando rentas de 400 pesos al año, pero esos programas no serían de utilidad al Poder Legislativo porque las firmas de los diputados deben ser certificadas de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley de Firma Electrónica Certificada.
En el otro extremo, hay cotizaciones hasta de 6 millones de pesos tan solo por la generación de las firmas electrónicas certificadas, cantidad que sí podría ser un obstáculo para el Congreso del Estado, porque al no haber presentado su presupuesto para este año se le asignó el mismo de 2019, pero aún así se acerca a los mil millones de pesos.
Sin embargo, invertir millón y medio de pesos en una plataforma para que no solo pueda sesionar en línea el pleno del Congreso del Estado, sino que todos los actos que realice tengan plena validez jurídica, además de que las 28 comisiones dictaminadoras y de ser necesario los cinco comités de vigilancia también puedan hacerlo, resulta una cantidad mínima que se podría cubrir con las economías derivadas del plan de austeridad que ha aplicado la actual legislatura.
Será la presidencia de la Mesa Directiva la que deberá emitir e implementar las medidas y especificaciones técnicas, de logística o cualquier otra que se requiera para cumplir con las sesiones virtuales ante la contingencia sanitaria y el distanciamiento social ocasionado por la pandemia del Covid 19, si el pleno valida el dictamen que este miércoles aprobó la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias.
