Congreso puede ratificar Contralor de PJM y órganos autónomos: SCJN
MORELIA, Mich., 28 de julio de 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, validó los preceptos de la legislación de Michoacán de Ocampo, donde se faculta al Congreso local para nombrar a los titulares de los órganos internos de control del Instituto Electoral, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como para ratificar el nombramiento del contralor interno del Poder Judicial del Estado.
De acuerdo con un comunicado, el Pleno, resolvió que dichas facultades no violan los principios de división de poderes y de autonomía establecidos en la Constitución Federal, siendo un aspecto en el que las entidades federativas gozan de libertad configurativa. Aunado a ello, las atribuciones de los órganos internos de control se enfocan a la fiscalización de los ingresos y egresos, lo que no incide en las competencias específicas que tiene cada uno de los órganos aludidos. En el caso de la ratificación del titular del órgano interno de Control del Poder Judicial, se decidió por mayoría de 7 votos que no se vulneran los principios de autonomía e independencia judicial.
En otro punto de este mismo asunto, la SCJN validó el requisito de tener una edad mínima de 30 años para ocupar el cargo de contralor interno, al considerar que no se vulnera el principio de igualdad y no discriminación, pues al aplicar el test de proporcionalidad se concluye que la norma persigue un fin constitucionalmente válido, es idónea, necesaria y proporcional, porque quienes ocupen esos cargos, deben contar con cierto nivel de madurez y experiencia, que les permita realizar la función encomendada conforme al principio de eficiencia.
Además, el Pleno validó el requisito consistente en gozar de buena reputación para ser titular del órgano interno de control, al determinar que es un requisito que debe presumirse, por lo que, si la autoridad que evalúa al aspirante a un cargo público estima que éste no cuenta con buena reputación, le corresponderá desvirtuar dicha presunción.
La discusión de este asunto continuará en la próxima sesión del Pleno de la SCJN.
