Comisión de Economía de San Lázaro rechaza iniciativa eléctrica de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021.- La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados elaboró su opinión de la iniciativa preferente de la Ley de la Industria Eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que no son viables estas modificaciones y justificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que emitió la Secretaría de Energía, pues invaden competencias de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y se da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad.
De acuerdo con información de El Universal, en un documento que será discutido este miércoles en este órgano legislativo, se reitera que no se consideran viables la reformas a la industria eléctrica, debido a que la Cofece recomendó a la Cámara de Diputados no aprobar en sus términos la Iniciativa, ya que quebranta la Constitución al afectar los principios competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad.
Además, el órgano legislativo que encabeza el ex subsecretario de Hacienda en la administración de Enrique Peña Nieto, Fernando Galindo, detalla que no se consideran viables las reformas porque se violaría el tratado económico comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) porque el Estado mexicano no debe dar trato discriminatorio a los inversionistas extranjeros y nacionales, pues está prohibido que el Estado genere condiciones anticompetitivas.
“No se consideran viables la reformas a la industria eléctrica, pues se violaría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales; está prohibido que el Estado genere condiciones anticompetitivas para los inversionistas”, define el tercer resolutivo de la opinión.
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