Buscará Morena medidas cautelares internacionales por caso Arantepacua
MORELIA, Mich., 11 de abril de 2017.- La dirigencia estatal del partido Morena informó que buscará la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDM), con sede en Washington, para el gobierno de Michoacán, por los hechos violentos ocurridos en Arantepacua, donde cuatro comuneros perdieron la vida y resultaron siete policías heridos.
“Vamos a vigilar la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si no existe justicia para Arantepacua vamos a pedir a la CIDH que dicte medidas cautelares en cuatro sentidos: alto a la represión de las comunidades, que se sancione a los responsables, indemnización a familiares, y que el gobierno reconozca que se dio la orden y que se irrumpió de manera violenta”, expuso en rueda de prensa, el dirigente estatal de Morena.
Roberto Pantoja Arzola exhortó al gobierno del estado para que se agote el diálogo y se respete el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, y para que no se siga utilizando a la fuerza pública para reprimir a los habitantes.
Consideró que la ponderación de la presencia de crimen organizado en el discurso del gobernador Silvano Aureoles Conejo, se advierte como una justificación, lo que consideró un riesgo, al admitir que en lo sucesivo se pretenderá justificar la violación de protocolos y de derechos humanos so pretexto de la presencia de actores delincuenciales.
Aunado a ello, conminó a todos los niveles de gobierno a coordinar esfuerzos y políticas públicas para que se cumpla con los objetivos del Plan Michoacán en los 40 municipios donde hay población indígena, hacia donde, dijo, se deben destinar más recursos en educación y salud, principalmente.
Y es que, el líder morenista consideró que el alto grado de marginación y rezago social en las comunidades ha abonado a la inseguridad; además de los conflictos agrarios y la tala clandestina, así como la proliferación de los grupos de la delincuencia organizada, señaló, al demandar un alto a la “criminalización” de las comunidades indígenas.