Aprueba Congreso juicio político contra alcaldesa de Coalcomán
MORELIA, Mich., 8 de marzo de 2025.- El Congreso de Michoacán aprobó la procedencia del juicio político contra la presidenta municipal de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, de Movimiento Ciudadano (MC), tras la denuncia presentada por un ciudadano cuya identidad se reservó en el anonimato.
En sesión pública, con 22 votos a favor, uno en contra, de la diputada Grecia Aguilar Mercado, de MC, y 17 curules vacías, la 76 Legislatura acordó que el caso será analizado por la Comisión Jurisdiccional, que determinará si existen elementos para sancionar a la edil, lo que podría derivar en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La decisión se fundamenta en el artículo 108 de la Constitución de Michoacán, que establece que los servidores públicos pueden ser sometidos a juicio político cuando sus acciones u omisiones afecten gravemente el interés público.
Esto significa que la alcaldesa enfrenta acusaciones que, de comprobarse, habrían generado un daño significativo a la administración municipal o a los ciudadanos.
Además, el Congreso se apoyó en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado, particularmente en su artículo 30, fracción quinta, que detalla qué tipo de conductas pueden considerarse como faltas graves.
Entre las conductas graves se encuentran el abuso de poder, la omisión de deberes y los actos de corrupción. El artículo 32 de la misma ley señala que los presidentes municipales pueden ser sujetos de juicio político, lo que confirmó la viabilidad del proceso contra Ávila Castrejón.
El trámite legislativo también se basa en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, que en sus artículos 62, 63 y 64 regula los pasos que deben seguirse para procesar una denuncia de este tipo.
Primero, la denuncia es recibida y revisada por comisiones especializadas, en este caso, las de Gobernación y Puntos Constitucionales, que determinaron que cumplía con los requisitos legales para proceder.
Posteriormente, el dictamen se presentó ante el pleno del Congreso, donde se sometió a votación nominal y fue aprobado.
Otro punto clave en la argumentación legal es el artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, que establece las responsabilidades y obligaciones de los presidentes municipales. Si se determina que la alcaldesa incumplió con sus deberes, las consecuencias podrían ser severas.
El juicio político es un mecanismo contemplado en la Constitución de Michoacán para sancionar a funcionarios cuyo desempeño perjudique a la administración pública o a la ciudadanía.
En este caso, el Congreso de Michoacán deberá garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho y con apego a las garantías procesales de la denunciada.
La resolución del Congreso sienta un precedente en la fiscalización de los gobiernos municipales y abre la puerta a un debate sobre el uso de esta figura legal para exigir cuentas a los alcaldes en Michoacán.
Mientras tanto, la presidenta municipal de Coalcomán, quien en diciembre pasado quedó en evidencia luego de que su gobierno agradeció públicamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por regalos de Día de Reyes, enfrenta un escenario incierto.
