Agravarían penas a servidores que obstaculicen la justicia a mujeres
MORELIA, Mich., 27 de octubre de 2023.- Agravar las penas hasta en una mitad de lo que se imponga a los servidores públicos que desvíen u obstaculicen la investigación de un hecho delictuoso o favorezcan que el imputado se sustraiga de la justicia, cuando el delito sea cometido en contra de una mujer en razón de género, propuso la diputada Lariza Pérez.
Actualmente, la pena que se impone por este delito contra la administración de justicia es de tres a diez años de prisión y de 50 a 200 días multa, por lo que en los casos en que las víctimas sean mujeres la pena privativa de la libertad aumentaría de cuatro años y medio a 15 y la multa sería de 100 a 300 días multa.
La diputada del Partido Acción Nacional refirió el caso Montserrat Juárez Gómez, una joven de tan solo 25 años de edad, que perdió la vida en manos de su pareja y que, en complicidad con su familia y con las autoridades encargadas de la prevención y persecución de los delitos, pretendía pasar como una muerte natural y no como un feminicidio con todas y cada una de sus consecuencias.
Más allá del encubrimiento cometido por los padres del presunto asesino, Sean “N”, personal de corporaciones de prevención y persecución del delito, cometieron actos encaminados a encubrir el feminicidio de Montserrat, para que este pasara por una muerte natural y así cremar el cuerpo para que no quedara evidencia alguna de algún signo de violencia que pudiera derivar en investigaciones y responsabilidad penal contra su feminicida.
Consideró que cuando los encargados de brindar seguridad a la gente emplean su autoridad para mimetizar delitos de género tan graves como el feminicidio, las instituciones no pueden permanecer absortas ante el terrible acto y guardar silencio sin hacer nada, porque estarían siendo cómplices.
Por tanto, es necesario incrementar las penas a aquellos servidores públicos encargados de brindar seguridad y protección que, en el ejercicio de sus atribuciones, ejecuten actos de manera deliberada para desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictuoso cometido contra una mujer en razón de género, para favorecer al sujeto activo del hecho con apariencia de delito, indicó.
