Advierten manoseo del dinero de multas cobradas a partidos políticos
MORELIA, Mich., 16 de agosto de 2022.- Como un acto de “perversión” calificó Ramón Hernández Reyes, director de capacitación interna y carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el trato que dan algunos gobiernos estatales al dinero cobrado por órganos electorales a partidos por concepto de multas.
“Para evitar efectos perversos de que los órganos de finanzas de los estados de la República no reporten ese recurso hacia los entes a los cuales va dirigido”, comentó este martes, durante su participación en Foro 15 del parlamento abierto, para el análisis de la reforma electoral 2022.
En la Cámara de Diputados, el catedrático y especialista en la materia electoral propuso que sea el Instituto Nacional Electoral el que recoja los recursos retenidos por multas, y los canalice a las instituciones de tecnología y educación como lo establece la ley.
Cabe señalar que en lo que va de 2022 el Instituto Electoral de Michoacán ha retenido un total de 13 millones 950 mil 970 pesos con 35 centavos a partidos políticos por multas, casi 73 millones de pesos de 2016 a la fecha; este recurso, en términos de ley, debe de redireccionarse al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI).
En septiembre de 2016 fue suscrito un convenio para la entrega de dichos recursos, entre el IEM, el Poder Ejecutivo estatal, la Secretaría de Finanzas y Administración y la entonces Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, ahora Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En Michoacán hay antecedentes. En 2019, el Partido del Trabajo y el PRI denunciaron que 27 millones de pesos el dinero de las multas no se había entregado al ICTI; en ese entonces era titular de la dependencia José Luis Montañés Espinosa.
En el marco del análisis de la reforma electoral 2022, Hernández Reyes, doctor en derecho, catedrático, exconsejero electoral y ahora servidor público en el TEPJF, advierte la necesidad de que sean los órganos electorales los que canalicen el recurso directamente a los órganos de educación, sin que tenga que pasar por las secretarías de Finanzas.
