Vivían en 2015 más de 600 niños menores de 6 años con mamás en penales
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo de 2017.- La integrante de la Comisión Derechos de la Niñez, Ximena Tamariz García (PAN), impulsa iniciativa para que en los centros penitenciarios se brinden servicios de pediatría, nutriología y psicología a hijos de mujeres privadas de la libertad, que hayan nacido durante el internamiento de sus madres, y aún se encuentren recluidas.
Señala un comunicado que, la legisladora también busca que el Sistema Nacional de Protección Integral, se obligue a realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de los niños que habitan en los Centros Penitenciarios, así como de los servicios que se brindan; para ello, propone modificar los artículos 36 de las leyes Nacional de Ejecución Penal y el 23 de la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta turnada a las comisiones unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez, indica que según el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Mujeres Internas en los Centros de Reclusión, se analizaron más de 80 penales y la gran mayoría de estos espacios no cuenta con instalaciones adecuadas de infraestructura, mobiliario y equipo para garantizar una estancia digna y segura.
El informe señala que más de 50 inmuebles de readaptación no cuentan con acceso a servicios de guardería y de educación básica, para los hijos de las internas.
En tanto, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales del 2015, arrojó que más de 600 niños menores de 6 años a nivel nacional, vivían con sus madres dentro de la celda; la mayoría de estos menores en el penal del Topo Chico, en Nuevo León, sin recibir las atenciones necesarias; incluso hay problemas de hacinamiento, infraestructura y déficit de custodios.
Tamariz García denunció que a pesar de que el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, obliga a los centros penitenciarios a otorgar servicio médico obstétrico-ginecológico y pediátrico a las mujeres embarazadas, y que los infantes nacidos en estos sitios tienen derecho a recibir la prestación de servicio de atención médica gratuita y de calidad, esto no se cumple.
Según el informe Especial de la CNDH sobre Mujeres Internas en Centros de Reclusión del país, los menores que viven con sus madres sufren carencias en los servicios de guardería, educación básica y deficiencias en la alimentación y problemas de hacinamiento.
De acuerdo con el Anexo 6, “Deficiencias en la Alimentación”, del citado informe, la gran mayoría de los centros de reinserción social que cuentan con mujeres no proporcionan alimentación especial a los menores violando el principio de interés superior de la niñez, del Tratado de Bangkok.
Este documento, también indica que los 18 centros penitenciarios del país con sobrepoblación superan en 50 por ciento su capacidad originalmente prevista.
La diputada Ximena Tamariz, consideró necesario hacer más explícito, dentro del marco normativo, la garantía del interés superior de la niñez y atender las recomendaciones de Oliver Robertson, de Quaker United Nations Office, enunciadas en su trabajo “Niñas y Niños, presos de las circunstancias”, en donde propuso que los infantes que viven en la cárcel deberán llevar vidas tan buenas como las que tendrían si vivieran fuera.
Asimismo, que se deberá mirar a los menores que viven en la cárcel desde la perspectiva de los derechos y el bienestar de la niñez, en lugar de verlos como una faceta de la administración penitenciaria o en lugar de ignorarlos completamente.
Finalmente, la diputada coincidió en que “no debe colocarse a los niños en un ambiente donde estén en peligro, ya sea por las condiciones o por las personas con quien viven; cuando los escenarios no son adecuados, se deberá realizar lo pertinente para darles una estancia digna”.
