Se va 75 Legislatura de Michoacán sin legislar sobre vientres subrogados
MORELIA, Mich., 26 de julio de 2024.- La 75 Legislatura del Congreso de Michoacán concluirá su periodo el 15 de septiembre sin haber legislado en torno a la controversial práctica de los vientres subrogados, una omisión que ha generado preocupación entre defensores de Derechos Humanos.
En entrevista con Quadratín, la exsubsecretaria de Derechos Humanos y Población del Gobierno del Estado, Elvia Higuera Pérez, destacó la importancia de abordar este tema, y que deberá atender la Legislatura entrante.
Higuera Pérez enfatizó que el alquiler de vientres, aunque no es una problemática nueva, ha cobrado relevancia por el uso de cuerpos de mujeres, a menudo en condiciones de pobreza, como «mercancías» para gestar hijos de parejas adineradas u homo parentales.
Esta práctica, que implica la explotación de mujeres al convertir sus cuerpos en instrumentos para la gestación a cambio de compensaciones económicas reducidas, ha sido objeto de críticas internacionales.
El impacto negativo de los vientres subrogados en los derechos humanos es significativo, expone Higuera. Entre las violaciones posibles se incluyen:
1. Explotación económica: las mujeres que actúan como gestantes suelen recibir una compensación desproporcionadamente baja en comparación con el beneficio económico generado por el proceso. Esta disparidad refleja una explotación económica, similar a la que se observa en la prostitución.
2. Violación de derechos reproductivos: la práctica de alquiler de vientres puede implicar la reducción de las mujeres a meros instrumentos reproductivos, negando su autonomía sobre su propio cuerpo y proceso gestacional.
3. Riesgos para la salud: las gestantes pueden enfrentar riesgos para su salud sin garantías adecuadas, debido a la falta de regulación y supervisión en el proceso.
Higuera Pérez subrayó que, a pesar de diversas iniciativas propuestas en el Congreso, no se ha logrado establecer una regulación específica para esta práctica, lo que deja a las mujeres vulnerables a la explotación en un sector que beneficia a múltiples actores, desde empresas hasta abogados y parejas solicitantes.
«La ausencia de legislación adecuada en Michoacán refleja una brecha significativa en la protección de derechos humanos y plantea la necesidad urgente de que las futuras legislaturas aborden este tema con la seriedad que merece», manifestó.
