Recibirá Jorge Álvarez presea Primer Supremo Tribunal de Justicia
MORELIA, Mich., 3 de marzo 2022.- El catedrático nicolaita, Jorge Álvarez Banderas recibirá la Presea Primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, Ario 1815, que otorga el Congreso del Estado.
Será el próximo lunes, en el marco de 208 aniversario de la Instalación del Primer Tribunal de Justicia, en el municipio de Ario de Rosales, donde la 75 Legislatura sesionará y hará entrega del reconocimiento.
El galardonado es una persona que por los logros de su destacada trayectoria y acciones, impactan de manera indubitable en el bienestar común de la sociedad, en especial la comunidad estudiantil de nivel superior en nuestra entidad federativa.
Originario de una población emblemática para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ario de Rosales, Michoacán, donde nace el 7 de julio de 1968, a sus escasos 17 años llega a Morelia e ingresa a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de donde es egresado de tres licenciaturas (Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho) (actualmente es estudiante de la Licenciatura en Filosofía) las que desarrolla de manera armónica de manera profesional, en la Universidad de Guanajuato obtuvo el grado de Maestro en Fiscal y en la Universidad de Salamanca, España obtuvo la Especialidad en Derecho Tributario, para posteriormente cursar los estudios de Doctorado en la misma área de especialidad, es Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco en San Sebastián, España.
Ingresó a la Casa de Hidalgo como Profesor de Asignatura “B” mediante un examen de oposición en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el 1º. de marzo de 1999 y hasta el 24 de junio de 2021 ostentaba la categoría de Profesor Investigador Titular “B” de Tiempo Completo, donde se encontró siempre adscrito a dicha dependencia, de donde fue además Coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales.
La impartición de sus cátedras a nivel licenciatura y posgrado llevaron una línea de investigación clara que es el Derecho Constitucional Tributario, de donde tomó el nombre para instaurar desde 2014 con autorización del H. Consejo Técnico de su dependencia de adscripción, un “Seminario Permanente” de Estudio sobre la materia para la formación de estudiantes de derecho especializados en la defensa de los gobernados frente a los actos arbitrarios del Estado al involucrarlos en talleres, seminarios y cursos que además, estos últimos generaron recursos económicos para la hacienda universitaria al dirigirlos al público en general.
Fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, contaba con Perfil PRODEP y presidió el Cuerpo Académico en Formación “ Derechos Humanos y Garantías Jurisdiccionales”.
Se encuentra afiliado a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, Academia Michoacana de Ciencias, Academia Michoacana de Derecho Tributario y del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán.
Preside la Academia de Derecho Tributario Capítulo Michoacán, donde aglutina como socios a los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa “Pacífico-Centro” con sede en esta ciudad junto con destacados profesionales nicolaitas del Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, la que es Correspondiente de la “Academia Mexicana de Derecho Fiscal”.
Fue integrante de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, donde participó como defensor adjunto al lado de la destacadas maestras María Guadalupe Morales Ledesma y Ma Eva López Ramos quien presidia la misma como defensor titular; este grupo de juristas fueron los creadores de la Cartilla de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas actualmente en vigor y proyectaron el Reglamento que rige a dicho órgano defensor de los DDHH en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en conjunto, fueron los primeros titulares de esta cuando se instala en el año 2011.
Cuenta con la Certificación Nacional en Contaduría número 78 la que recibió de manos del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León en la residencia oficial de “Los Pinos” en la Ciudad de México, logrando posteriormente la certificación por especialidad en la materia Fiscal, certificaciones reguladas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Coadyuva en la impartición de justicia como Visitador del Instituto Federal de Concursos Mercantiles ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, de donde también es perito tercero en materia de Contabilidad y Fiscal por autorización del Consejo de la Judicatura Federal; en el mismo sentido lo es en la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecida en Morelia, Michoacán y frente al Poder Judicial del Estado de Michoacán.
En el año 2016 recibió un reconocimiento por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por encabezar la defensa de causas sociales, derivado de la defensa férrea ante el Poder Judicial de la Federación de los espacios universitarios de su dependencia que anualmente eran ocupados por comerciantes de manera irregular, avalados por autoridades arbitrarias, violentando su derecho al trabajo, derivado de la imposibilidad de llegar a las aulas en tiempo y forma para desarrollar sus actividades como académico, de donde derivó a la postre que en la actualidad se respeten dichos espacios.
En el año 2012 aún siendo parte de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, participó junto con sus compañeras defensoras, como nicolaitas comprometidos con nuestra Alma Mater, en la liberación de más de 200 jóvenes estudiantes moradores de dos albergues estudiantiles por considerar que la detención de los mismos fue contraria a derecho, derivado de supuestos actos vandálicos respecto de los cuales pudieron haber sido detenidos en flagrancia por los elementos de seguridad estatales y no lo hicieron, sino que fueron detenidos en una acción conjunta de la policía federal y estatal sin mandamiento legal alguno; por instrucción del H. Consejo Universitario se rindió un informe sobre dichos hechos, sin que hasta la fecha sea público; respecto de dichas detenciones arbitrarias las Comisiones Federal y Estatal de Derechos Humanos hasta hoy han guardado silencio, el candidato propuesto y sus compañeras fueron las únicas personas que velaron por la integridad de los estudiantes en ese momento.
En ese mismo año 2012, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sufrió una paralización de sus actividades por una toma de sus instalaciones de Ciudad Universitaria, como parte integrante de la “Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, esta le solicitó en fecha 19 de septiembre de dicho año al H. Consejo Universitario, una apertura al dialogo establecidas una serie de bases previas para lograr desarticular la ocupación en una vía legal aludiendo a normas de carácter convencional obligatorias para la autoridad universitaria, logrando con ello en esa misma fecha por la tarde, la destitución de la Defensora Titular y del Defensor Adjunto Jorge Álvarez Banderas por mandato tomado en una sesión del H. Consejo Universitario resguardada por la fuerza pública en un recinto no universitario.
A partir de 2014 con el establecimiento del cobro de cuotas de inscripción, defendió a cerca de 800 estudiantes nicolaitas en contra del inconstitucional cobro, logrando el amparo y protección de la Justicia de la Unión a 470 alumnos, mientras que los restantes algunos jueces federales desechaban las demandas; esto no fue obstáculo y a la postre el candidato propuesto, logró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en abril de 2016 el Amparo en Revisión 750/2015 confirmara la concesión otorgada por el Juez de Distrito, de donde derivó la creación de 12 tesis aisladas que próximamente sentaran jurisprudencia en materia del derecho a la educación en el Estado de Michoacán, en especial en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya que existen aún 38 juicios de amparo por resolver en el mismo sentido, juicios donde están contemplados los 469 alumnos restantes.
Con las acciones anteriores, el candidato propuesto logra que el Gobierno del Estado de Michoacán reconozca que le adeuda a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cientos de millones de pesos, a la par de que el Congreso Estatal queda evidenciado de su omisión legislativa al no prever una partida para garantizar el dinero que por concepto de cuotas de inscripción nuestra Universidad ha dejado de percibir.
En el mismo sentido defendió en ese año 2014 a estudiantes del Instituto Tecnológico de Uruapan (ITESU) y de la Unidad Pedagógica Nacional UPN Plantel Morelia, logrando que las autoridades educativas de educación superior manifestaran que no era cierto el acto reclamado, motivo por el cual los estudiantes lograron su inscripción sin pago alguno al respetarse la gratuidad de la educación prevista en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.