La reforma judicial de AMLO: ¿qué está en juego?
MORELIA, Mich., 16 de julio de 2024.- Más allá de la elección de juzgadores por voto popular, la reforma que se discute en México constituye una reconfiguración del Poder Judicial, que exenta a otros entes del amplísimo sistema de justicia, por lo que especialistas advierten que, con la bandera de la 4T de combatir la corrupción y los privilegios, el despido masivo de jueces irá en desmedro de la tutela de los derechos humanos.
El Poder Judicial en México es una de las tres ramas del Estado Mexicano, responsable de la interpretación y aplicación de la ley; está compuesto por una variedad de tribunales, incluidos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, y los juzgados de distrito.
Históricamente, el sistema judicial mexicano ha enfrentado múltiples desafíos, desde la falta de independencia judicial y lentitud en los procedimientos, hasta presuntos actos de corrupción, y a lo que se suman cuestionamientos a las prerrogativas y privilegios de jueces, magistrados y ministros.
El pasado 5 de febrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial, que, entre varios puntos, propone que los juzgadores sean electos mediante voto popular y no por designación del Congreso de la Unión, como sucede actualmente.
La iniciativa generó un rechazo inmediato del Poder Judicial que se tradujo en un intenso debate, tanto en el ámbito político como en el social, y condujo a la realización de diversos foros denominados Diálogos nacionales, que se han llevado a cabo en diferentes estados del país, en los que participan expertos en la materia, quienes han expuesto los pros y contras de la reforma.
Con la promulgación de leyes como el Código Civil de 1870 y el Código Penal de 1871, en el siglo 20 se estableció el marco inicial del sistema judicial moderno, que sentaron las bases para un sistema legal uniforme, y a modo de órgano auditor en 1994 se creó el Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de mejorar la administración de justicia y supervisar a los jueces.
Sin embargo, a la fecha prevalece un sistema judicial que, en opinión de Morena, el partido oficial, y de ciertos sectores de la población, principalmente víctimas de delitos, este sistema no acaba de garantizar derecho a la justicia pronta y expedita en México.
Ya en el siglo 21, en 2008 se introdujeron cambios significativos, en materia de justicia penal acusatoria con un enfoque altamente garantista que pondera el respeto a los derechos humanos, lo que ha sido duramente cuestionado por sectores de centro y derecha que reprochan que en este sistema los victimarios se convierten en víctimas.
En 2021 se impulsaron nuevas reformas que buscaban fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia y modernizar el sistema judicial. Pero lo que se propone en este 2024 es otra cosa. No tiene que ver con una reforma per sé a los códigos penales, que incluya a las fiscalías o modifique criterios a ponderar en las sentencias.
La reforma propuesta por López Obrador es más de corte político, administrativo, tiene que ver con un rediseño de la organización del Poder Judicial, lo que, en consecuencia, afectará a la implementación de justicia.
18 puntos relevantes de la reforma judicial de AMLO
1. Selección de jueces en 2025: Los miembros de la judicatura federal serán removidos y reemplazados por jueces elegidos mediante voto popular.
2. Más de mil 600 cargos judiciales en votación: Incluye a ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces de distrito.
3. Primera elección en junio de 2025: Todos los cargos judiciales mencionados serán sometidos a elecciones en esa fecha.
4. Reforma al Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Se propone la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con autoridad para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.
5. Eliminación de las dos salas del Supremo Tribunal: Los asuntos civiles, penales, administrativos y laborales serán resueltos en el pleno de la Suprema Corte.
6. Limitaciones a la Suprema Corte: La Corte no podrá otorgar suspensiones de normas generales ni suspensiones con efectos generales.
7. Reducción de la Suprema Corte: La propuesta incluye disminuir el número de ministros de 11 a nueve, con candidatos presentados por el Ejecutivo, el Supremo Tribunal de Justicia y el Congreso de la Unión.
8. Duración de los ministros: Los nuevos ministros tendrán mandatos de ocho, 12 y 14 años, dependiendo de la votación obtenida.
9. Cese de los actuales ministros: Los ministros actuales dejarán sus cargos cuando los nuevos jueces asuman el 1 de septiembre de 2025 y no recibirán beneficios de retiro.
10. Requisitos para ser candidato a ministro: Los aspirantes deben tener un título de licenciatura en Derecho con una antigüedad de 10 años y no haber sido funcionarios federales. Los actuales ministros no podrán postularse.
11. Campaña de los candidatos: Los aspirantes tendrán acceso a medios de comunicación como radio y televisión para presentar sus propuestas y participarán en debates, sin contar con financiamiento público ni donaciones privadas.
12. Organización de las elecciones por el INE: El Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de organizar y supervisar las elecciones y de enviar los resultados al Senado de la República.
13. Elección de nuevos magistrados electorales: Se utilizará un mecanismo similar al de los ministros, pero las impugnaciones serán revisadas por la Suprema Corte de Justicia.
14. Duración de los magistrados de circuito y jueces federales: Estos cargos tendrán una duración de nueve años, con posibilidad de reelección.
15. Nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: Estará compuesto por cinco magistrados con un periodo de seis años y podrá investigar y sancionar a jueces por diversas faltas, mediante la interposición de denuncias ante la Fiscalía.
16. Nuevo órgano de administración judicial: Será integrado por seis personas designadas por el Ejecutivo, el Senado de la República y el pleno de la Suprema Corte.
17. Ajuste de sueldos: Todos los jueces federales deberán ajustar sus salarios para no ganar más que el presidente de la República.
18. Restricción para jueces salientes: Los jueces salientes no podrán litigar asuntos ante el Poder Judicial durante los dos años posteriores a su salida.
