Ilegal y doloso, negar reelección a Sierra Arias para el TJAM: diputada
MORELIA, Mich., 12 de julio de 2024.- La diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, se pronunció en contra del dictamen que negó la reelección del magistrado Jesús Sierra Arias en el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM).
En sesión pública del Congreso de Michoacán, este jueves, la legisladora hizo uso de la tribuna, desde la cual argumentó que el dictamen es ilegal por dos razones principales:
En primer lugar, según el artículo 147 del Código de Justicia Administrativa, el Congreso tenía un plazo de 90 días naturales antes de la conclusión del periodo del magistrado para decidir sobre su reelección. Este plazo venció el 11 de julio, lo que hace que cualquier resolución posterior sea ilegal y sujeta a corrección judicial.
Hernández Íñiguez también señaló que las comisiones dictaminadoras de Justicia y Gobernación no respetaron el derecho de audiencia del magistrado Sierra Arias. Este hecho, afirmó, invalida el procedimiento y debería ser motivo suficiente para que el pleno rechace el dictamen.
La diputada criticó que las comisiones basaron su dictamen en pruebas no incluidas en el documento y que no fueron presentadas al magistrado para su revisión o refutación. Además, cuestionó la validez del argumento de las comisiones, que se centró en un porcentaje de sentencias revocadas como indicador del desempeño del magistrado.
Hernández Íñiguez calificó de irracional el criterio utilizado para evaluar el desempeño del Magistrado, al indicar que no se basa en ninguna norma o ley. Argumentó que un solo parámetro no puede ser suficiente para negar la reelección sin considerar otros aspectos del desempeño del magistrado, como la reducción del rezago en la sala.
La diputada también denunció dolo en el dictamen y señaló que se menciona una auditoría sin concluir que busca sembrar dudas sobre el desempeño del magistrado. Hernández Íñiguez subrayó que las ejecutorias de amparos citadas no representan criterios definitivos y que no se demostró una actuación indebida del magistrado.
Finalmente, Hernández Íñiguez criticó la práctica del Congreso de violar procedimientos y derechos de terceros, y solicitó que su intervención se incluya literalmente en el acta de la sesión para dejar constancia de su posición y proteger su responsabilidad ante futuros juicios sobre el actuar del Congreso.
