Blindan concurrencia para programas sociales; ya no será cosa de voluntad
MORELIA, Mich., 21 de junio de 2024.- El Congreso de Michoacán aprobó una reforma constitucional que obliga a los gobiernos estatal y municipales a facilitar el acceso a los programas sociales federales, especialmente para los grupos más vulnerables.
La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Fidel Calderón Torreblanca. Con esta modificación al marco constitucional, se establece que toda persona tiene derecho a una existencia digna, incluyendo la alimentación, educación, cultura, trabajo y protección de la salud.
Calderón Torreblanca celebró la aprobación y explicó que “específicamente se obliga al gobierno del estado y a los gobiernos municipales por mandato constitucional a que concurran con el Gobierno Federal para que puedan acceder las michoacanas y michoacanos de manera más fácil a los programas de bienestar”, dijo.
La reforma destaca la obligación del estado de promover el desarrollo físico, moral, intelectual, social y económico de las personas. Además, se asegura la concurrencia con la Federación en el ámbito del sistema de salud para el bienestar.
Asimismo, se instituye la promoción del acceso a programas de apoyo económico para personas con discapacidad permanente, adultos mayores y estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, en términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Calderón Torreblanca subrayó que “los programas ya existen y los está recibiendo la gente, pero ahora hay una obligatoriedad de los gobiernos municipales y del Estado, independientemente de quienes estén, de concurrir y facilitar a los ciudadanos que tienen derecho al bienestar”.
Esta medida es especialmente relevante debido a la llegada de nuevos programas anunciados por el Gobierno Federal.
El diputado recordó que al inicio de la implementación de los programas sociales, la respuesta de los gobiernos municipales era variable; algunos facilitaban los trámites mientras que otros no brindaban ni una silla a los adultos mayores.
Con esta reforma, la concurrencia en materia de bienestar se convierte en una obligación constitucional en Michoacán, eliminando la dependencia de la voluntad política de los gobernantes locales.
